BUENOS AIRES (Argentina).- Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy un encuentro con la activista y parlamentaria del Mercado Común del Sur, Milagro Sala, en prisión preventiva desde el 2016, que tiene como fin analizar su situación, cuestionada por varios organismos internacionales.
“Llegamos al penal donde está @SalaMilagro privada de su libertad a observar situación de derechos humanos, con medida cautelar en trámite”, expresó la CIDH a través de su cuenta de la red social Twitter, donde se incluyeron varias fotografías del momento exacto en el que se produjo la entrevista con Sala.
Miembros del organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegaron hoy a la provincia argentina de Jujuy (norte), donde se localiza la prisión de Alto Comedero, donde permanece retenida la activista y miembro del opositor Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista).
Ya en la mañana de este viernes, el grupo, integrado por el presidente de la Comisión y relator para Argentina, Francisco José Eguiguren, y la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, se reunió con Gerardo Morales, gobernador provincial de Jujuy.
“La visita busca avanzar en trámite de solicitud de medida cautelar para @SalaMilagro”, había detallado la Comisión.
La CIDH había sido invitada por el Gobierno de Mauricio Macri y el de la norteña provincia de Jujuy para analizar la detención de la activista, cuestionada por numerosos organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
Sala, líder de la organización social argentina Túpac Amaru, fue detenida en Jujuy el 16 de enero del año pasado por una protesta organizada contra el gobernador provincial, Gerardo Morales, (del oficialista frente Cambiemos), aunque continuó después en prisión preventiva por su presunta implicación en investigaciones de fraude al Estado y otros delitos.
En este momento la policía de Gerardo Morales me está deteniendo, esto es como en la dictadura. #Jujuy
— Milagro Sala (@SalaMilagro) January 16, 2016
La investigación apunta al presunto manejo irregular de fondos que con el fin de construir viviendas sociales concedió el Estado a la Túpac Amaru, un movimiento liderado por Sala entre cuyos objetivos se encuentra la construcción de infraestructuras para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina, considerada la más pobre del país.
Mientras diversas organizaciones sociales y parte de la oposición consideran a la activista una “presa política”, desde el oficialismo entienden que están dadas las condiciones legales para haberla mantenido en prisión preventiva durante un año y medio y que la decisión es meramente competencia de los tribunales.