BUENOS AIRES.- El juez federal Julián Ercolini abrió este martes proceso contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández, por el presunto delito de asociación ilícita dedicada a la corrupción y ordenó un embargo preventivo de sus bienes.
El magistrado precisó que el monto del embargo es de 10,000 millones de presos , debido a que es considerada “prima facie” coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
Asimismo procesó a los exfuncionarios Julio De Vido, José López y el empresario Lázaro Báez
El escrito precisa que a Cristina Fernández se la acusa por haber “perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.
Por su parte, a Julio de Vido se lo involucra “en su carácter de ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 25 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre de 2015 por perjudicar los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros.
“José Francisco López, en su carácter de secretario de Obras Públicas, entre el 28 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la DNV, organismo descentralizado del ámbito de su competencia”, completa el fallo.
Contra Lázaro Báez, Ercolini menciona que “entre el 8 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, habría realizado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, quienes le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia”. (ECHA – Agencias)