BUENOS AIRES.- Un juez ordenó detener a la presidenta de la asociación argentina de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras no acudir a declarar en una causa por presunto fraude al Estado, informaron a Efe fuentes jurídicas.
La decisión la tomó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que encabeza la causa conocida como “Sueños Compartidos”, que investiga un supuesto fraude a la Administración a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
De Bonafini, de 87 años, ya faltó el pasado 6 de julio a la primera citación del magistrado y tras su ausencia de hoy se preveía que pudiera ser obligada a acudir con la fuerza pública.
Es así que el subcomisario Gómez de Olivera, del Departamento de delitos federales de la Policía Federal de Argentina, se presentó hoy en torno a las 14.30 hora local (17.30 GMT) a la sede de la asociación, en el centro de la capital, y dijo que necesitaba “cumplimentar una orden de allanamiento” dispuesta por el juez federal.
En un escrito presentado por su abogado al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al que tuvo acceso Efe, Bonafini explica que, desde 1977 y 1978, cuando sus dos hijos y su nuera fueron hechos desaparecer por la dictadura (1976-1977), inició un “calvario” en una “constante peregrinación por los juzgados” y que sintió siempre “la misma ignominia, la misma indiferencia” de la Justicia.
“Yo sentía cómo la denominada Justicia era cómplice de los asesinos militares y marinos. Una Justicia sin solidaridad, sin sentir por los otros, sin sufrir por ellos”, pero dice que se topó con “la burla y la sin razón”.
Bonafini debía prestar hoy declaración por la causa conocida como “Sueños Compartidos”, que investiga un supuesto fraude al Estado a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
En la causa “Sueños compartidos”, el magistrado también ha citado a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).
Según la resolución judicial, se presume que Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender -también citados-, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, “habrían utilizado a la Fundación”, de la cual eran apoderados.
Además, la Justicia estudia si esto se hizo “en connivencia (con) funcionarios públicos” para gestionar y obtener “ilegítimamente” fondos del Estado para la construcción de viviendas sociales.
Bonafini señala a Martínez de Giorgi que, en este caso “las madres, con gran esfuerzo, aportamos voluntariamente 60 cajas con pruebas, junto con 40 backup, y otros elementos más, primero a (el juez Mario) Oyarbide y después a usted, que ni siquiera leyeron algo de lo aportado”.
También asegura Bonafini que acudieron a declarar y a otras pruebas, y “otra vez sufrimos en carne propia la burla, que nos castiga a todas, ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas” por parte de los jueces.