BUENOS AIRES/Argentina.- Sindicatos de prensa argentinos, organizaciones de derechos humanos y legisladores de izquierda denunciaron hoy represión y ataques contra la libertad de expresión e información sufridos en las últimas coberturas de manifestaciones en Buenos Aires que, a su juicio, son impulsados por el gobierno.
“Lo que está pasando es muy grave, es quizá el peor momento que estamos viviendo desde que volvió la democracia: se están acallando voces”, afirmó en una conferencia de prensa en la Legislatura de la capital argentina el secretario general del sindicato de Prensa de Buenos Aires, Tato Dondero (foto).
El acto fue convocado a raíz de las detenciones del pasado 1 de septiembre durante los disturbios ocurridos tras la marcha para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, que fue visto por última vez hace un mes y medio en una protesta de una comunidad indígena en el sur del país.
Las 31 personas que fueron llevadas esa noche a comisaría -donde permanecieron durante dos días- permanecen acusadas por un supuesto delito de intimidación pública y resistencia a la autoridad.
Según apuntan desde el gremio de prensa y organizaciones sociales, los detenidos no tenían que ver con los incidentes y entre ellos había dos grupos: uno mayoritario compuesto por manifestantes o viandantes elegidos aleatoriamente por las fuerzas policiales, y otro de 6 periodistas y reporteros gráficos que estaban trabajando.
Para Donder, lo ocurrido fue resultado de la política de ajuste implementada por el gobierno de Mauricio Macri que, a su juicio, sólo puede resolver la situación “con la represión que pare las luchas populares”.
Además, apuntó que mientras se obstaculiza el trabajo de los periodistas, la profesión atraviesa un contexto complicado, ya que se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo en medios de comunicación en el país en los últimos dos años, hay atrasos en los pagos en radios y cierres de diarios, entre otros.
En la conferencia, el fotógrafo Carlos Ardila, que fue detenido el día de la marcha, denunció el lanzamiento de balas de goma y gas pimienta por parte de la Policía, así como la imposibilidad de comunicarse con alguien mientras estaba en la comisaría.
A esos reclamos se sumaron los reporteros Ezequiel Hugo Madone, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Paola Barriga, también detenidos.
Por su parte, la titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú, coincidió con los allí presentes en que el gobierno actual es “el más represor desde 1983” (año en el que terminó la última dictadura cívico-militar en el país), y afirmó que hay un plan específicamente dirigido a perjudicar a los trabajadores de prensa.
En el acto, en el que también estuvieron presentes representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales y legisladores capitalinos de partidos de izquierdas que tratan de impulsar normas que protejan a los trabajadores de prensa, estuvo muy presente el reclamo por la desaparición de Maldonado, un caso que mantiene conmocionada a la opinión pública del país.
Esta semana, diputados de la oposición y sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación presentaron en la misma Legislatura de Buenos Aires un proyecto que busca, precisamente, garantizar la actividad periodística en la cobertura de las manifestaciones que se desarrollan en la ciudad.
EFE/Foto: argentina.indymedia.org