BUENOS AIRES.- Un Tribunal declaró este martes inconstitucional y suspendió la aplicación del polémico fallo que favoreció al represor de la dictadura, Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Con el voto de 3 de sus 5 miembros, la Corte Suprema redujo la condena a Luis Muiña, un civil condenado originalmente a 13 años de prisión por participar en el secuestro y torturas de disientes durante el régimen (1976-1983), con base en una ley que rigió en el país entre 1994 y 2001.
El polémico desató una oleada de críticas de distintos sectores que advirtieron que podría beneficiar a otros acusados de abusos en la última dictadura militar, informa el diario Nuevo Herald de Miami.
Video relacionado
Asimismo un fiscal federal acusó de emitir una resolución contraria a la ley a los tres miembros de la Corte Suprema que firmaron el fallo, y ahora tocará a otro juez determinar si les inicia una investigación.
La resolución desencadenó peticiones de otros sentenciados para recibir el mismo trato y una oleada de críticas de activistas, víctimas y del mismo gobierno. Hasta marzo de este año había 755 condenados por delitos de lesa humanidad.
Cómo parte del análisis de una solicitud de otro exmilitar que pedía ser beneficiado con la misma ley, conocida como “dos por uno”, un tribunal de la provincia de San Juan determinó el martes que la aplicación de la norma era inconstitucional.
La resolución del tribunal de San Juan, sin embargo, no revoca el fallo a favor de Muiña, debido a que fue tomado por la Corte Suprema, la máxima instancia judicial.
En paralelo, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a los jueces de la Corte Suprema que firmaron el fallo a favor de Muiña: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A los tres los consideró responsables de “prevaricato”, o dictar sentencias contra la ley, aunque será un juez quien determine si hay elementos para investigarlos y procesarlos.
“La solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país”, argumentó el fiscal. (ECHA/Agencias)