La activista Arlette Contreras, cuyo caso impulsó al movimiento “Ni una menos” en Perú, declaró hoy, tras la anulación de la absolución de su agresor, que no se someterá a “un tercer juicio” porque su caso “no es una prueba de resistencia” y que llevará su denuncia a instancias internacionales.
“Yo ya pasé dos veces por un juicio oral y no puedo permitir que esto sea una prueba de resistencia para las mujeres, porque yo podré estar aquí dando la cara y denunciando lo que está sucediendo, pero muchas mujeres no van a tener la misma fuerza”, aseguró Contreras en conferencia de prensa en Lima.
La también abogada, cuya brutal agresión en 2015 en la ciudad sur andina de Ayacucho por parte de su expareja Adriano Pozo fue ampliamente difundida a través de un vídeo en medios de comunicación, volvió a calificar la nulidad del segundo juicio de “injusta”.
Señaló que lo que correspondía era “una revocatoria” para que Pozo sea condenado por los delitos de intento de feminicidio e intento de violación sexual, y no solo por “lesiones leves”, como ocurrió en el juicio del 2016.
Contreras manifestó que entre sus razones para no acudir a un tercer juicio está que “no tiene garantías” de que “los jueces vayan a ser probos” o que, por el contrario, continúen “perpetrando actitudes irregulares”, tal como aseguró ocurrió en los dos juicios anteriores.
En esa línea, Contreras denunció que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que se encarga de sancionar a los jueces que cometen actos irregulares en el país, “hasta la fecha” no ha emitido una resolución respecto a las investigaciones que se le siguen a los jueces involucrados en su caso desde el 2016.
Señaló entre ellos a las juezas María Pacheco Neira, Edgar Sauñe De la Cruz, Nazario Turpo Coapaza, Karina Vargas Béjar, Pantaleón Zegarra Muñante y Tatiana Pérez García Blasquez, ex presidenta de la Corte de Ayacucho, de la que dijo tiene comprobados lazos de amistad con la familia de Pozo.
Por ello, Cynthia Silva, abogada de Contreras, aseguró también que no irán a un tercer juicio y que elevarán su caso a instancias internacionales.
“Estamos solicitando pronunciamientos a la Relatoría de la Mujer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a otras instancias superiores”, precisó Silva.
Contreras agregó que está “colocando en la esfera internacional” la transgresión de sus derechos en el Perú “para que se pueda hacer algo al respecto”.
“Me están imposibilitando acceder a justicia, y acceder a justicia es mi derecho. No debería ser un castigo para las mujeres buscar justicia después de ser violentadas”, agregó.
Adriano Pozo cumplió 11 meses de prisión preventiva hasta que en julio de 2016 fue liberado después de recibir un año de prisión suspendida por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por el delito de lesiones leves.
En noviembre de 2016, la Sala de Apelaciones anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio, que comenzó en febrero de 2017 y concluyó con la absolución del agresor en febrero pasado.
En septiembre último, Contreras logró, en un segundo intento, que su caso se traslade a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte desde Ayacucho, donde el jueves último un tribunal peruano volvió a anular el juicio, volviendo el caso a fojas cero.
Arlette Contreras es una de las activistas más valoradas en la lucha contra la violencia de género en Perú, una labor que fue reconocida en 2017 por el Departamento de Estado de Estados Unidos con el Premio Internacional de “Mujeres Coraje”.
También por la revista estadounidense Time, quien la incluyó como una de las 100 mujeres más importantes del mundo en el mismo año, y recientemente fue reconocida con el premio “Defensora de los Derechos Humanos 2018” por la embajada británica en Perú. EFE