LA PAZ.- La jueza boliviana Vivian Patricia Gonzáles fue enviada preventivamente a la prisión de Palmasola acusada de supuesta prevaricación e incumplimiento de deberes por haber liberado a un alto mando policial que había sido detenido en posesión de 42,7 kilos de cocaína, informó hoy la Fiscalía General.
Gonzáles, que fue detenida esta semana, ingresó de madrugada en el penal de Santa Cruz (este), explicó el director de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado, Freddy Larrea, en un comunicado.
“Tenemos un mandato claro (…) de combatir la corrupción, caiga quien caiga, y vamos a ser implacables con ello. Lamentablemente algunos jueces no acompañan este trabajo y mucho menos en casos que tienen que ver con el narcotráfico”, dijo Larrea.
La jueza encarcelada recibió duras críticas de la Fiscalía y el Gobierno tras su decisión de dejar en libertad provisional al coronel de la policía boliviana Juan Carlos Tapia, comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) de la ciudad de El Alto.
Tapia fue detenido la semana pasada en una casa que posee en Santa Cruz, tras hallarse en la vivienda 42,7 kilos de cocaína ocultos en bolsas en el techo del inmueble.
El coronel fue imputado por tráfico de sustancias controladas y la Fiscalía había pedido su ingreso preventivo en la cárcel de Palmasola, pero Gonzáles le otorgó medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Éste no es el primer caso en que un mando policial de Bolivia es procesado por su relación con el narcotráfico.
En marzo pasado fue detenido el excomandante nacional de la Policía y exjefe de la Federación Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), general Oscar Nina, acusado de blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y de haber tenido vínculos con el ahora prófugo narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Otro de los casos más sonados fue la detención en Estados Unidos el 2011 de un exjefe nacional antidroga, el general René Sanabria, por conspiración para traficar cocaína.
La Justicia boliviana lleva meses inmersa en una seria crisis institucional, reconocida por el Gobierno, y debida entre otros factores a la extendida corrupción, la lentitud de los procesos y las injerencias políticas.