LA PAZ.- La eficacia de la ley contra la violencia machista en Bolivia está en entredicho tras una investigación que detectó fallos preocupantes e insensibilidad en las actuaciones policiales, judiciales y médicas para atender a las víctimas en el país latinoamericano con mayores tasas de violencia contra la mujer
Las organizaciones privadas Alianza Libre Sin Violencia y la Comunidad de Derechos Humanos realizaron este año una investigación con una revisión de 287 casos, encuestas a 483 usuarias de los servicios estatales que atendieron esos procesos y entrevistas a 81 abogados de 28 municipios del país.
El estudio, al que tuvo acceso Efe, establece que hay “importantes falencias” en los servicios públicos que atienden a las víctimas de la violencia.
Los fallos detectados, según el informe, vulneran los procedimientos mínimos que el Estado debe garantizar para proteger a las mujeres cuando sufren violencia, recogidos desde el 2013 en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Las encuestas realizadas a víctimas de violencia buscaron determinar si se cumplen los procedimientos estándares internacionales, protocolos y principios sobre la “debida diligencia” por parte de policías, fiscales y jueces, explicó la abogada Mónica Baya.
Un 86 % de las víctimas de violencia sexual “no recibió anticoncepción de emergencia ni tratamiento para prevenir enfermedades de transmisión sexual en los servicios de salud”, denuncia el informe.
A pesar de que la ley establece que la atención a las víctimas debe ser gratuita, un 58 % de las mujeres encuestadas aseguró que pagó gastos durante el proceso de denuncia, desde fotocopias y otros materiales hasta el transporte de los policías asignados a su caso.
La falta de capacitación es otra de las piedras con las que tropieza la aplicación efectiva de la ley.
Así, un 86 % de los abogados que asesoran a víctimas consideran que el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) no está capacitado en violencia de género, como tampoco la mayoría de los fiscales.
Esta falta de capacitación deriva, según Baya, en situaciones de “insensibilidad absoluta” como lo es el que un 80 % de las mujeres que requerían atención médica porque llegaron con heridas a la Policía no fueran acompañadas a un centro médico.
La FELCV tampoco ofrece la atención integral psicológica y social multidisciplinaria que prevé la norma y las fiscalías sí tienen equipos de ese tipo, pero son pocos, según Baya.
En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo registró unos 107 casos de feminicidio, delito que desde el 2013 se castiga en Bolivia con 30 años de prisión sin indulto, la mayor pena recogida en la legislación del país, aunque según otro estudio citado por las organizaciones privadas hay jueces que reducen esta condena.