RÍO DE JANEIRO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión dio un plazo de 30 días a la presidenta brasileña, Dilma Rouseff, para esclarecer las denuncias de presuntas irregularidades en el gasto público para simular un mejor manejo fiscal en 92 mil millones de dólares
El organismo se encargará de examinar y emitir un parecer sobre la legalidad del balance público al Congreso pero los ocho ministros decidieron de manera unánime posponer dicho análisis hasta obtener respuestas de la mandataria.
De acuerdo con el tribunal, entre 2013 y 2014 el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a las entidades públicas Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.
Esos atrasos, calificados de “maniobras fiscales“, permitirían aparentar un mejor balance y reducir el déficit. Las distorsiones suman 281.000 millones de reales (casi 92.000 millones de dólares).
Por su parte, el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, negó las irregularidades. “No hubo pedaladas fiscales (maquillaje fiscal), hubo operaciones autorizadas por ley”, dijo tras un encuentro en San Pablo con empresarios.
El tribunal investiga presuntas irregularidades que podrían comprobar violaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El manejo fiscal es una de las principales críticas que recibe Dilma Rousseff de la oposición, que ha amenazado en los últimos meses con lanzar un pedido para impugnarla por irresponsabilidad fiscal. (ECHA- Agencias)