BRASILIA.- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde mayo pasado para responder a un juicio político, no comparecerá ante la comisión del Senado que está a cargo del proceso, confirmaron hoy a Efe fuentes de su entorno.
Rousseff había sido citada para mañana por esa comisión, pero ha optado por ejercer su derecho a no comparecer y ser representada por su abogado, José Eduardo Cardozo, quien fue ministro de Justicia durante su gestión.
Según dijeron a Efe fuentes próximas a Dilma Rousseff, la decisión de que no asista a la sesión de esa comisión del Senado fue tomada por el propio Cardozo, quien consideró que “no ayudaría en su defensa”.
La razón radica en que los partidarios de la mandataria están en clara desventaja en esa comisión, formada por 21 senadores de los cuales solamente cinco se oponen claramente a la destitución.
Esa tesis ya había sido defendida este lunes por el senador Lindbergh Farias, quien representa en la comisión al Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.
“Esta comisión tiene las cartas marcadas, por lo que no debería presentarse ante ese grupo de senadores que defiende el ‘golpe'”, declaró Farías, quien insistió en que la posible destitución de la mandataria supondría una “ruptura” del orden constitucional.
José Eduardo Cardozo, en la sesión de mañana, en su condición de abogado defensor, podrá leer una declaración en favor de la mandataria, pero le será impedido responder a preguntas, pues según las normas del proceso penal que rigen el juicio, en esa fase del trámite sólo podría hacerlo la propia acusada.
La mandataria está acusada de diversas irregularidades fiscales, que incluyen la firma de decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y de haber contratado créditos para el Gobierno con la banca estatal, todo lo cual está prohibido por las leyes que rigen el uso del dinero público.
Esas irregularidades han sido constatadas por el Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado, y confirmadas parcialmente en un análisis realizado por expertos del Senado a petición de la propia defensa de Rousseff.
Los análisis de los funcionarios del Senado fueron discutidos hoy por la comisión responsable del juicio político, que se sumergió en un agrio debate entre los defensores de Rousseff y los partidarios de su destitución.
Con esa sesión, la comisión pondrá fin a la fase de producción de pruebas y abrirá el plazo para los últimos alegatos de la defensa y la acusación, que servirán como base al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso, para la elaboración de un informe final.