LOS ÁNGELES.- California impugnó este lunes la orden del presidente Donald Trump de poner fin en seis meses al programa DACA, sumándose de esta manera a la presentada por 15 estados y el Distrito de Columbia la semana pasada.
En su pronunciamiento señala que sería un golpe particularmente duro para el estado debido a que en California vive la mayoría de los inmigrantes que fueron traídos de manera ilegal por sus padres cuando eran niños o que se quedaron en el país una vez que vencieron sus permisos.
A California se le unieron los procuradores de los estados de Maryland, Maine y Minnesota.
We're still a nation of laws. No one, not even the President, is above the law.
— Archive – Attorney General Becerra (@AGBecerra) September 11, 2017
El procurador estatal Xavier Becerra dijo que el argumento de California es más fuerte que el de la primera demanda presentada la semana pasada, debido a que más de 200.000 de los 800.000 beneficiados por el DACA, siglas del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, viven en el estado.
“No creo que haya ninguna duda de que California tiene mucho que perder”, señaló Becerra, quien estuvo acompañado por dos participantes del programa que fueron llevados a Estados Unidos a la edad de 4 años y que actualmente asisten a la universidad en el área de Sacramento. Rosa Barrientos, de 23 a años, vive en el este de Los Ángeles y asiste a la Universidad Estatal de California, en Sacramento.
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La demanda se anunció mientras el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, visitaba la capital del estado para reunirse con legisladores y beneficiarios del DACA en un viaje de dos días.
Se tiene previsto que los legisladores estatales de California presenten cambios a un proyecto de ley destinado a limitar la cooperación de los funcionarios estatales y locales con las autoridades federales de inmigración con lo que California se convertiría en el primer estado santuario para inmigrantes.
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La demanda se sustenta principalmente en argumentos procesales, por ejemplo, que la ley federal requiere que este tipo de decisiones se tomen por razones sólidas y sólo después de que el público tenga la oportunidad de hacer comentarios formales.
Agrega que el gobierno no cumplió con la ley federal que le requiere considerar los efectos negativos de la decisión en los pequeños negocios.
También menciona que las autoridades del gobierno y de inmigración podrían usar la información provista por los participantes del programa para deportarlos y procesar a sus empleadores.
La querella dice que eso sería hacer mal uso de la información proporcionada de buena fe por los participantes del programa. La Universidad de California también presentó una impugnación que se centra en las declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump acerca de que los jóvenes inmigrantes que forman parte del programa roban empleos a los estadounidenses y de que el programa conlleva a un incremento en los inmigrantes provenientes de América Central. (ECHA- Agencias)