El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) seguirá de cerca el desenvolvimiento de los jueces y fiscales que tienen la responsabilidad de conducir las investigaciones del pago de sobornos a funcionarios peruanos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, indicó su presidente, Guido Águila Grados.
En diálogo con la agencia Andina, señaló que es responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura velar por una adecuada administración de justicia.
Además, dijo, la participación del Consejo Nacional de la Magistratura en este tema responde a una exigencia ciudadana de ser veedores frente a un caso de corrupción de grandes dimensiones como el de la referida firma extranjera.
“Dentro de sus facultades y atribuciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, definitivamente, va a responder a las exigencias y seguiremos de cerca el desenvolvimiento de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público a cargo del caso Odebrecht”, expresó.
Aseveró que estarán “atentos” e indicó que hay un equipo técnico que está siguiendo paso a paso cada acción tomada por los magistrados.
“No podemos tener una actitud pasiva”, remarcó.
Sin embargo, Águila Grados expresó su confianza en que las autoridades fiscales y judiciales estarán a la altura de las circunstancias y demandas ciudadanas frente a un tema tan complejo como la corrupción de la empresa brasileña.
“Tenemos confianza, las instituciones del sistema de justicia, tanto el Poder Judicial y Ministerio Público, están ante una oportunidad histórica de poder demostrar que estamos a la altura de las exigencias de un tema tan complejo y sensible como el caso Odebrecht”, anotó.
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De acuerdo con información de la justicia de Estados Unidos, la compañía brasileña Odebrecht reconoció el pago de sobornos en Perú por 29 millones de dólares, entre 2005 y 2014, a funcionarios gubernamentales “con el fin de obtener contratos de obras públicas”.
Durante su presentación ante la comisión parlamentaria que investiga el caso, el contralor Edgar Alarcón estimó que los sobornos de las empresas brasileñas habrían generado un perjuicio económico al Estado peruano ascendente a 319 millones de dólares.
El tema está siendo investigado por un equipo especial del Ministerio Público y por el Parlamento.
ANDINA