La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto la apelación a la disposición judicial de primera instancia que prohíbe la venta o transferencia por parte de la empresa Odebrecht de sus activos mantenidos en las concesionarias Trasvase Olmos y H2Olmos.
La revocación de la medida dispuesta en julio pasado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional fue solicitada por la defensa legal de la firma brasileña, así como por la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc del Caso Odebrecht a cargo de Jorge Ramírez.
Tras escuchar a las partes procesales sobre los casos específicos de Trasvase Olmos y H2Olmos, el tribunal, presidido por la jueza Edita Condori, e integrado también por los magistrados Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla, informó que su decisión será dada a conocer en el plazo de ley (de hasta 20 días).
Las partes coincidieron en recalcar que lo dictado en primera instancia perjudicaría el pago de la reparación civil a favor del Estado por parte de Odebrecht, empresa investigada en el país por actos de corrupción referidos a la licitación de obras públicas.
La Procuraduría Ad Hoc, ahora bajo la dirección de Ramírez Ramírez, cambio su postura en este caso, pues inicialmente demandó la inhibición de Odebrecht en las ventas y/o transferencia de activos de las mencionadas empresas concesionarias.
A la salida de la audiencia, el procurador remarcó que la posición de su despacho es que se revoque la medida inhibición a afectos de aplicar decreto de urgencia 003, que regula un procedimiento eficiente para el pago de la reparación civil.
De igual forma, refirió que formará un equipo multidisciplinario con economistas, ingenieros y especialistas, a fin de determinar la reparación civil que debe pagar Odebrecht. “Esto se debe fijar técnicamente, el Estado debe probar económicamente el daño causado, el daño patrimonial o extrapatrimonial”, puntualizó.
ANDINA