MADRID.- La Justicia española confirmó la entrega a Perú del exjuez César Hinostroza por delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, pero no por el de organización criminal, por el que también estaba reclamado.
César Hinostroza está acusado en su país de liderar una red de favores de la que participaban políticos y empresarios.
La Sala lo Penal de Audiencia Nacional española ratificó en un auto conocido este lunes la decisión favorable a la extradición, decidida en mayo pasado, tras rechazar los recursos de súplica que interpusieron contra ella, por distintos motivos, tanto la Fiscalía como el reclamado.
En mayo, el tribunal accedió parcialmente a la petición cursada por Perú, y que apoyó la Fiscalía, en la que reclamaba la entrega de este exmagistrado de la Corte Suprema por haber supuestamente liderado la organización llamada “Los cuellos blancos del puerto”.
La Audiencia solo permitió la entrega por los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, pero no por pertenecer a una organización criminal, ya que, según apuntó entonces, las personas que supuestamente formaban parte de ella no han sido finalmente acusadas por el Parlamento peruano.
Ahora, al resolver los recursos, se respalda esa decisión con el argumento de que, según el Código Penal español, “la descripción de la organización criminal o grupo criminal exige que se den datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo”.
Los jueces españoles indican que hubiese sido necesario que se concretaran “más los datos” sobre cómo actuaba la organización, con “fechas, nombramientos concretos, reuniones celebradas” o “pagos que se hicieron”.
Hinostroza fue reclamado por haber hecho gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y de trabajadores de la justicia, así como de encabezar una “organización criminal dedicada a realizar nombramientos de personal y ratificaciones ilegales de los mismos dentro del poder judicial, utilizando para ello su cargo”.
El reclamado pidió que se declarara improcedente su entrega, pero el tribunal descarta que se haya vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que haya sido objeto de una persecución política, tal y como argumentaba en su recurso.
EFE/ Foto internet-medios/Video TV Perú