Un juez especial chileno condenó a penas de prisión a cinco militares retirados que en la década de 1980 envenenaron con una toxina a opositores a la dictadura de Augusto Pinochet presos en una cárcel de Santiago, informaron este martes fuentes judiciales.
A consecuencias de la acción, maquinada por la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército, murieron dos personas encarceladas por delitos comunes y resultaron heridos graves cinco reclusos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que compartían sus raciones alimenticias con los primeros.
Tras una larga investigación, el juez especial Alejandro Madrid condenó a 20 años de prisión a Eduardo Arriagada Rehren, exdirector de Sanidad del Ejército, y a Sergio Rosende Ollarzú, como autores de dos homicidios consumados y cinco frustrados.
En tanto, los oficiales retirados Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez fueron sentenciados a diez años y un día de prisión como cómplices de los homicidios consumados de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos.
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Además, el juez condenó al Estado de Chile al pago de una indemnización de 950 millones de pesos (1,48 millones de dólares) a los familiares de las víctimas.
“Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una operación especial de inteligencia”, señala el fallo.
Según la investigación del caso, la toxina botulínica, una neurotoxina considerada internacionalmente un arma química de destrucción masiva fue enviada desde Brasil a petición de la DINE hasta un laboratorio secreto del Ejército que funcionaba en pleno centro de Santiago e introducida a la cárcel en diciembre de 1981.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado -1.192 figuran aun como desaparecidos- y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos.
EFE