SANTIAGO DE CHILE.- El ministro chileno de Defensa, José Antonio Gómez (foto), afirmó que el gobierno presentará en el 2016 una propuesta para derogar la Ley Reservada del Cobre, mecanismo con el que se financian las Fuerzas Armadas y que se encuentra en entredicho tras un millonario desfalco que está siendo investigado.
“Estamos trabajando en una propuesta que está previsto trabajar en 2016”, dijo Gómez en una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, en la que subrayó que el nuevo mecanismo asegurará la financiación para la defensa del país y dotará a las FFAA de un presupuesto asegurado.
“En lo que hay que ser claro es que las FFAA necesitan que exista un sistema de financiamiento que no las haga competir con la construcción de hospitales o con la educación”, señaló el ministro, que agregó que el nuevo sistema debe permitir planificar la financiación hasta el 2026.
La Ley Reservada del Cobre, creada en 1958 y profundizada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), entrega a las instituciones castrenses para compras militares un 10 % de las ventas de la minera estatal Codelco, el principal productor mundial de cobre.
Esta ley se encuentra en tela de juicio a raíz de un millonario desfalco llevado a cabo por miembros del Ejército a través de facturas adulteradas amparadas en el secreto de ese fondo.
Según las revelaciones del semanal satírico The Clinic, a mediados de octubre pasado, el fraude de los militares superaría los 2,000 millones de pesos chilenos (unos 2.9 millones de dólares).
Entre los involucrados están imputados un coronel y un cabo que cumplen prisión preventiva, y un proveedor civil que facilitó las facturas por compras ficticias de material bélico.
El ministro de Defensa puntualizó que este desfalco no es un fraude del Ejército sino “un fraude al Ejército y a los chilenos”.
En la misma línea se expresó el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien en una entrevista que publica hoy el diario La Tercera, calificó el episodio como ‘doloroso’.
“Me da frustración ver cómo algunos integrantes de la institución fueron capaces de perder sus principios, su objetividad y aprovecharse para hacer uso de estos bienes, que son importantes y que nosotros utilizamos para equipar al contingente”, declaró.
Los desfalcos habrían comenzado el 2010, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y continuaron hasta marzo del 2014.
El caso está siendo investigado por la justicia militar y por la fiscalía. Además, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora para esclarecer los hechos.