El fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, ordenó este jueves la detención de Muñoz Toledo, quien en enero pasado se autodenunció por haber abusado de un menor de edad, dejando el cargo en la Iglesia.
Aunque es un viejo caso de larga data, su perfil era conocido por un prontuario de denuncias en su contra, incluidas denuncias en su presencia por las transgresiones sexuales del defenestrado cura Fernando Karadima.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, señaló que la institución tiene la mayor disposición de colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido.
Al mismo tiempo, expresó ‘un dolor muy grande por él, su familia, las víctimas, un sentimiento muy cercano a las víctimas que han sufrido estos abusos y el deseo de que la justicia tenga la última voz’.
Sin embargo, Ezzati y el obispo de la época Francisco Errázuriz son mencionados por medios de prensa locales por su cercanía con Muñoz Toledo.
El vocero de Laicos de Santiago, Roberto Sánchez, comentó a radio Bío Bío que ‘nos parece muy bien que la Fiscalía esté haciendo su trabajo y en forma muy correcta’.
Sánchez enfatizó que confía más en la justicia civil que en la canónica. ‘La Iglesia hoy recién le está creyendo a las víctimas’, acotó, mientras se preguntaba hasta qué punto los jefes de Muñoz Toledo sabían de sus desmanes.
El fiscal Arias recalcó que se le imputan al sacerdote siete delitos de abusos sexuales y estupro contra menores. Antes y en presencia del enviado especial de Vaticano, monseñor Charles Scicluna, el funcionario había incautado documentos de archivos de la Oficina Pastoral de Denuncias.
La Fiscalía busca acceder en el caso a sacerdotes que hubiesen cometido abusos, regidos por la ley canónica que establece que cada diócesis y arquidiócesis mantenga carpetas o archivos personales.
Desde la atropellada visita del papa Francisco a Chile en enero pasado, pesquisas ordenadas por el propio pontífice y numerosos testimonios abrieron la Caja de Pandora. El destape provocó la renuncia de los obispos y acusaciones a numerosos curas