SANTIAGO DE CHILE.- Un informe anual sobre el estado de los DDHH en Chile denunció hoy la criminalización del pueblo mapuche y la eclosión de la corrupción en el país e incidió en la necesidad de poner fin a la justicia militar.
“El problema más grave que enfrentamos en materia de igualdad y no discriminación es la relación entre el Estado y los pueblos indígenas“, afirmó Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile.
Durante la ceremonia de presentación del VI informe anual del INDH, sobre la situación de los derechos humanos en el país en 2015, a la que también asistió la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Fries manifestó su preocupación por el “retorno del discurso que reduce el conflicto (mapuche) a un enfoque de delincuencia y pobreza”.
Para la directora del organismo autónomo, cuya misión es promover y proteger la plena vigencia de los derechos humanos, el conflicto debiera ser enfrentado de un modo “integral” e involucrar, además del Estado y los mapuches, a los pequeños propietarios agrícolas y a las empresas instaladas en territorios ancestrales.
“Sólo una mirada audaz y de largo plazo (…) que involucre a estos componentes puede permitir iniciar un camino de solución a un drama que llevamos casi un siglo y medio sin abordar en toda magnitud”, apuntó.
El documento también hace referencia al ejercicio del derecho de protesta pacífica y urge a poner fin a la justicia militar, pues actualmente los delitos comunes cometidos por carabineros o militares son vistos por la justicia penal militar y no la civil, lo que según muchas organizaciones pone en duda la imparcialidad y la independencia del juicio.
Según Fries, una de las preocupaciones del organismo es revertir la dicotomía extendida en la opinión pública entre derechos humanos y orden público.
“No existe tal dicotomía, las herramientas para mantener el orden público deben inscribirse en el marco de un Estado de Derecho”, señaló.
El informe también aborda los recientes casos de corrupción conocidos por la opinión pública, tales como Penta, SQM, Caval y Corpesca y su vínculo con los DDHH.
El texto señala que la corrupción puede generar escenarios propicios para la vulneración de derechos y poner al Estado al servicio de intereses particulares, dificultando el cumplimiento de sus obligaciones de promover, garantizar y proteger los DDHH.
Entre otras recomendaciones el INDH sugiere establecer la exclusividad de la labor parlamentaria, eliminar los aportes de empresas a campañas políticas y tipificar los delitos de corrupción entre privados.