SANTIAGO DE CHILE.- Un total de 906 extranjeros cumplen condenas en 84 centros penitenciarios de Chile, señala un informe de Gendarmería (Servicio de Prisiones), solicitado por un diputado y publicado hoy por el diario El Mercurio.
El informe reúne información hasta febrero de este año y de acuerdo con su contenido, la mayoría de los encarcelados son bolivianos (357 personas), seguidos por peruanos (240) y colombianos (173), en una lista que incluye otras 23 nacionalidades distintas.
La mayor parte de las condenas tienen que ver con tráfico de drogas o robos, pero también hay imputados por abuso sexual, violación y homicidio.
La cifra, en el contexto de la totalidad del sistema penitenciario chileno, corresponde a un 1.8% de la población penal del país austral, que al 31 de enero pasado sumaba 49,021 condenados.
La mayor parte de la población extranjera encarcelada se concentra entre los penales norteños de Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Tocopilla e Iquique, que suman casi el 66% del total de extranjeros condenados en Chile.
De estos penales, el de Arica, con 283, es el recinto que concentra la mayor cantidad de foráneos encarcelados en el país austral.
El 24% está en el centro penitenciario Santiago Sur (70 presos), en la capital chilena, donde las prisiones Colina I y II acogen a 71 condenados procedentes de otros países, y el Centro de Orientación Femenino a 18 condenadas).
Loa restantes están repartido en 36 otras prisiones del país, como en Valparaíso, Rancagua y Temuco.
La cantidad de población extranjera en cárceles chilenas se ha mantenido estable en los últimos años luego de que en abril de 2012 el Gobierno beneficiara a 1.066 ciudadanos condenados de otros países -de un total cercano a 2.200- con la Ley de Indulto General, que les permitió cumplir lo que les quedaba de condena en sus países de origen y sirvió para descongestionar los penales chilenos.
Para el diputado Gonzalo Fuenzalida, solicitante del informe, “el Gobierno tiene que hacer lo mismo que se hizo en 2012: hacer un procedimiento de expulsión, ya que cada preso le cuesta al Estado cerca de 600 mil pesos (unos 890 dólares mensuales)”.