SANTIAGO DE CHILE.- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, designó hoy al general de división Ricardo Martínez Menanteau como nuevo Comandante en Jefe del Ejército del país, institución que al igual que Carabineros está cuestionada por el manejo de sus recursos.
El oficial, que nació en Santiago el 24 de febrero de 1960 y que ingresó a la Escuela Militar en 1976, graduándose de alférez en el Arma de Infantería el 1 de enero de 1980, reemplaza en el cargo al general Humberto Oviedo Arriagada.
Martínez Menanteau posee un magíster en administración de empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado de Hemispheric Defense and Security en el Colegio Interamericano de Defensa en EEUU, y diplomado de operaciones conjuntas en el Instituto de Cooperación de Seguridad Hemisférica en Estados Unidos.
Además, es profesor militar de escuela en “Técnica de Infantería” y profesor militar de academia en la asignatura de “Historia militar y estrategia”.
Según un informe publicado en agosto del año pasado por radio Bío-Bío, un grupo de militares chilenos defraudó en 5,480 millones de pesos (unos 8.6 millones de dólares) pertenecientes al Estado entre el 2010 y 2014, durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Tras un juicio interno efectuado por la institución, se estableció que el fraude se realizó con dinero de la Ley Reservada del Cobre y se ordenó el retiro de seis miembros de la organización.
El coronel Clovis Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército; el cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, la sargento primero Luis Meléndez Carrillo, y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez fueron retirados de la institución.
Otros siete oficiales fueron amonestados, mientras que los coroneles Ricardo Márquez y Mirko Maturana no fueron sancionados, ya que se retiraron antes del fin del juicio.
El llamado “Milicogate” fue destapado por un semanario en agosto del año pasado, cuando reveló que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno durante el Gobierno de Sebastián Piñera.
El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2,000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que se amparan en el secreto de un fondo conformado según la llamada Ley Reservada del Cobre.
Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre, el principal producto de exportación del país austral, para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Chile.
Asimismo, otros 20 miembros, entre coroneles, comandantes, sargentos y cabos, que resultaron implicados en el caso, también recibieron diversas sanciones, entre las que se cuentan días de arresto, amonestación y suspensión del empleo.
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