SANTIAGO DE CHILE.- El senador Jaime Orpis, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), se convirtió hoy en el primer político chileno encarcelado por corrupción desde el retorno de la democracia (1990), después de que la Justicia ordenara prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Corpesca.
La Corte de Apelaciones de Santiago decretó la medida cautelar contra Orpis, quien está acusado de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios y que desde el pasado 6 de junio se encontraba bajo arresto domiciliario.
El parlamentario derechista, quien supuestamente recibió 233 millones de pesos (unos 340,000 dólares) de la empresa pesquera chilena Corpesca, se encuentra actualmente desaforado, aunque mantiene su condición de senador.
Según la Fiscalía, el pago se habría efectuado entre los años 2009 y 2013, en montos de más de 4 millones de pesos mensuales (unos 5,840 dólares).
La Justicia señaló que con este hecho infringió los deberes propios de su cargo para beneficiar a una empresa y calificó al acusado como “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Asimismo, se estimó que Orpis habría entregado 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, controlada en un 77% por el grupo Angelini, uno de los más importantes del país, lo que facilitó a la pesquera rebajar impuestos de manera ilícita.
El político defraudó al Fisco por unos 153 millones de pesos (unos 223,000 dólares), a través de “apropiación indebida” de estos fondos con transferencias a su cuenta personal y simulación de contratos. El acusado ya restituyó esta suma de dinero al Congreso del país austral.
Hasta su desafuero, en abril del 2016, Orpis se desempeñaba desde el año 2002 como senador por la región de Tarapacá y anteriormente había sido diputado.
Hace algunos meses, el parlamentario había renunciado a su militancia en la UDI, tras reconocer el financiamiento irregular de sus campañas políticas.
En el caso Corpesca también resultó querellada la exdiputada por el norteño distrito de Iquique Marta Isasi, por la recepción de 25 millones de pesos (unos 36,000 dólares) provenientes de la empresa pesquera el 2009, para que la favoreciera en la votación de la Ley de Pesca, en el 2011.
Asimismo, el exgerente de Corpesca, Francisco Mujica, fue acusado por presuntos delitos tributarios y de cohecho, relacionados con la financiación irregular de campañas políticas.
La Ley de Pesca fue finalmente promulgada el 2013 con la oposición de los pescadores artesanales chilenos, quienes alegaron que la iniciativa “entrega durante 20 años los recursos pesqueros a empresas privadas”, en desmedro de los trabajadores.