La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución, pidiendo el otorgamiento de medidas cautelares para resguardar la integridad del fiscal José Domingo Pérez y de su familia.
En la resolución No. 55/2021, se solicita al Estado peruano a adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida e integridad personal del mencionado magistrado y para asegurar que este pueda seguir realizando sus labores sin recibir “amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.
También se requiere que estas acciones sean coordinadas con Pérez y su familia y que se informe sobre las acciones que el Estado ya había estado adoptando respecto al fiscal, a fin de que se investiguen los hechos registrados en su contra.
Para sustentar esta posición, ello se argumenta que el mencionado representante del Ministerio Público peruano y sus allegados “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La CIDH ha tomado en cuenta que Pérez, integrante del equipo especial de la fiscalía abocado al caso Lava Jato, así como de su esposa, Vanessa Medina y de su menor hijo, ha sido objeto de diversos “eventos de riesgo” relacionados a su labor.
Casos mencionados
Como ejemplo de las situaciones de riesgo que enfrentan Pérez y sus familiares, se consignan varios casos. Entre estos figuran las amenazas que recibió de parte de una congresista de Fuerza Popular en 2017, así como haber sido objeto de seguimiento cuando, en febrero de 2018, viajó a Brasil a tomar declaraciones sobre el caso investigado.
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En ese listado se menciona además que en octubre de aquel año, Pérez encontró la perilla de la puerta principal de acceso a su casa descolocada de su base, debido a circunstancias nunca esclarecidas. En ese mes se inició también una campaña en redes sociales en la que se le acusa de querer favorecer a miembros de Sendero Luminoso.
Otro de los numerosos casos mencionados es el de una manifestación realizada en febrero del año pasado por una treintena de personas en el centro de trabajo de Medina, contra quien también se ha desarrollado una “fuerte campaña de estigmatización”.
También se menciona que la excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acusó a Pérez en marzo de este año, de ser un “actor político en las elecciones” y que, luego de esa afirmación, se reanudaron los ataques en su contra vía redes sociales, en los que se le calificaba de miembro de Sendero Luminoso”, “traidor a la patria” y “comunista”.
En la resolución se indica que, si bien estos y otros hechos fueron objeto de atención por parte del Estado, “las medidas adoptadas no habrían mitigado o desaparecido la situación de riesgo que viene enfrentando” el fiscal.
ANDINA