WASHINGTON.- La CIDH publicó hoy un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en la prisión de Guantánamo (Cuba), en el que pide la creación de un órgano independiente que investigue las condiciones en el centro y el fin de las trabas para que los presos puedan ser juzgados o encarcelados en EEUU.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vela por el respeto a los derechos humanos en el continente americano, se convirtió en 2006 en el primer organismo internacional en pedir el cierre de la prisión situada en la base naval de Guantánamo, y hoy volvió a repetir esa solicitud.
En su informe “Hacia el cierre de Guantánamo“, la Comisión reitera la misma petición que lleva años haciendo al Gobierno estadounidense: la de visitar la prisión para sospechosos de terrorismo y tener acceso a los 116 detenidos que siguen allí.
También delineó una serie de medidas que recomienda tomar mientras se resuelve el “complejo” proceso para cerrar la prisión, entre ellos la creación de “un órgano independiente de monitoreo para investigar las condiciones de detención en Guantánamo“.
Ese organismo debería contar con la “participación de la sociedad civil” y extender su investigación a todo el centro de detención, “incluyendo el Campo 7”, un lugar secreto de la bahía al que muy pocos han tenido acceso y donde se encuentran los presos considerados de “alto valor” para Estados Unidos.
La CIDH pide “hacer públicas las condiciones de detención en el Campo 7” y “desclasificar toda prueba de tortura y malos tratos” desde la apertura del penal en el 2002.
Además, la Comisión “recomienda derogar las disposiciones de la Ley de Autorización de la Defensa (NDAA) que prohíben el traslado de detenidos de Guantánamo hacia EEUU para su enjuiciamiento, privación de libertad y tratamiento médico”, con el fin de acelerar el cierre de la prisión y garantizar su debido proceso.
La CIDH insta a “trasladar a EEUU a los detenidos que están siendo procesados para que sean juzgados ante cortes federales, y trasladar a prisiones federales a los detenidos que han sido condenados para que cumplan el resto de sus condenas”.
Además, reclama que se “aceleren los traslados de detenidos a sus países de origen o a otros países”, evitando siempre su envío a territorios donde “su vida, integridad personal o libertad personal puedan estar en peligro”.
El presidente de EEUU, Barack Obama, prometió al llegar al poder el 2009 que cerraría el penal en el plazo de un año, pero ese objetivo “ha demostrado ser más complejo de lo que se había pensado”, según la CIDH, que subrayó la necesidad de clausurarla “de manera responsable”.
La Casa Blanca adelantó a finales de julio que está ultimando un plan para cerrar de forma “segura y responsable” la prisión.