WASHINGTON (EEUU).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la condena penal emitida en Perú el 31 de marzo contra el abogado Ronald Gamarra Herrera por el delito de difamación.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH informó que un tribunal de Lima condenó a Gamarra Herrera a un año de libertad suspendida, tiempo en el no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial, tendrá que presentarse cada 30 días y no podrá cometer otro delito de difamación.
Gamarra Herrera también fue condenado a pagar 900 dólares, así como una reparación de 3,000 dólares en concepto de reparación civil a la querellante, la titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luz Marina Guzmán Díaz.
Guzmán Díaz inició el juicio contra Gamarra luego de que este publicara, el 25 de marzo del 2015, un artículo de opinión titulado “Favor con favor se paga” en el semanario Hildebrandt en sus Trece, en el cual se refirió a la existencia de un intercambio de favores entre la consejera nacional de la Magistratura y la fiscal Mirtha Chenguayén Guevara.
De acuerdo con información aportada por el Estado, la defensa de Ronald Gamarra interpuso un recurso de apelación contra la sentencia que fue acogida por el Juzgado.
Este es el tercer caso en menos de dos años en el que un tribunal de primera instancia peruano condena penalmente a un columnista por el delito de difamación.
El periodista Fernando Valencia Osorio fue condenado en abril del 2015 a un año y ocho meses de prisión suspendida tras haber sido acusado de difamar al expresidente Alan García, y el periodista Rafael “Rafo” León fue sentenciado el 3 de mayo del 2015 a un año de prisión suspendida por difamar a la exeditora general del diario El Comercio Martha Meier Miró Quesada.
Estas condenas fueron posteriormente revocadas por tribunales de alzada.
La jurisprudencia interamericana en reiteradas oportunidades ha reconocido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en ellos, el derecho a difundir informaciones e ideas de todo tipo, destacó la CIDH.
Agregó que los jueces deben ponderar el respeto a los derechos a la honra y la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate sobre temas de interés público y el efecto disuasivo de sanciones penales sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.