La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia el 8 de abril para analizar los cambios introducidos por el Gobierno argentino de Mauricio Macri a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, indicó la Defensoría del Público de Argentina en un comunicado.
“La CIDH otorgó la audiencia solicitada por la Defensoría del Público y organizaciones de la sociedad civil”, dice el comunicado de la entidad, creada por la propia “ley de medios”, como se la conoce en Argentina.
La CIDH, que es parte del sistema de justicia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estudiará en su próximo período ordinario de sesiones en Washington “la modificación mediante decretos presidenciales de las normas antimonopólicas y anticoncentración” establecidas en la ley, sigue el texto.
Junto a la Defensoría del Público, instituciones académicas, indígenas y de la sociedad civil solicitaron que la CIDH estudie las reformas que Macri introdujo a la ley aprobada en 2009 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
La defensora del Público, Cynthia Ottaviano, se reunió en enero con autoridades de la CIDH para solicitar la audiencia que ahora el organismo ha autorizado.
Un decreto de necesidad y urgencia solo puede ser dictado en circunstancias excepcionales, y que luego debe ser ratificado por una de las Cámaras del Congreso Nacional.
El 30 de diciembre de 2015, el presidente Macri aprobó un decreto de necesidad y urgencia que modificaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando provisiones que limitaban las posibilidades de concentración de la propiedad de medios, una medida votada en el Congreso y que fue declarada constitucional por la Corte Suprema.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, declaró por entonces que la desconcentración de medios, una pauta que reconoce la OEA como estándar de libertad de expresión, era un “eufemismo” para “el disciplinamiento” de los medios de comunicación.
El decreto promulgado por Macri amplía la cantidad de licencias que puede tener cada medio, las convierte en transferibles (algo prohibido por la anterior ley) y prorroga las licencias actuales por 10 años más.
El decreto también otorga a las empresas de cable una licencia nacional única, lo que las exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica, y permite incursionar en este negocio a las compañías telefónicas a partir de 2018.
La nueva normativa disuelve además la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para crear en su lugar el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), único organismo que supervisa las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones.
La disolución del AFSCA todavía está por concretarse, pues está vigente una medida cautelar dictada por un juez que de momento tiene paralizada la intervención de ese organismo.