El diario Clarín de Argentina hace un análisis del accionar del fujimorismo, de su esencia autoritaria, de su trayectoria plagada de corrupción y de su incansable deseo de controlar todos los poderes del Estado:
El fujimorismo nunca ocultó su esencia. Ese movimiento de derecha populista que desde hace 25 años atraviesa de arriba hacia abajo la sociedad peruana -con el recuerdo de la mano dura y la estabilidad económica para unos y las dádivas para otros- siempre fue profundamente antidemócrático y nunca ocultó su desprecio por las instituciones. Alcanza con recordar que su poder se construyó pacientemente desde el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando el padre de la criatura, Alberto Fujimori, cerró el Congreso, intervino la Justicia y lanzó una despiadada caza de brujas con la excusa de la lucha contra el terrorismo y la corrupción política, que duró casi una década, hasta noviembre del año 2000: el entonces presidente fue destituido por el Congreso al declararlo “incapaz moral permanente” para ejercer la presidencia.
Había llegado hasta allí luego de forzar una re-reelección fraudulenta y de que comenzaran a salir a la luz múltiples escándalos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y las perversas andanzas de su jefe de espías, Vladimiro Montesinos, ejecutor directo del régimen de terror que había montado Fujimori. Aún con un fuerte respaldo popular, el sentimiento antifujimorista fue más fuerte en estos 17 años de democracia peruana y por eso Keiko Fujimori – la hija dilecta, la “heredera del trono”, la que ejerció como primera dama cuando los servicios de inteligencia dirigidos por su padre y Montesinos torturaron a su madre casi hasta matarla, sin que ella dijera nada, la misma que pagó sus estudios en el exterior con dineros negros de la corrupción-, nunca pudo llegar al poder por la fuerza de los votos.
Derrotada por 40.000 sufragios por Pedro Pablo Kuczynski en junio de 2016, Keiko se alzó con el control del Congreso unicameral: 71 diputados sobre 130. Suficientes para poner contra las cuerdas a un gobierno sin apoyo parlamentario y que nació débil, solo respaldado por el “No a Keiko”, el grito de aquella campaña electoral.
Desde que asumió, PPK vio cómo el fujimorismo hizo caer varios ministros a través de mociones de censura y hasta un gabinete completo, encabezado por Fernando Zavala. Pero siempre fueron por más. La naturaleza autoritaria de aquel fujimorismo se replica en Keiko y en su fuerza política actual. Y también la corrupción (al menos 33 de los 71 legisladores tienen serios cuestionamientos judiciales), ya que la ex candidata presidencial está siendo investigada por la fiscalía por haber recibido dinero de la brasileña Odebrecht para sus campañas electorales.
Y ahí parece estar la clave de la ofensiva contra Kuczynski, acusado por los parlamentarios por los contratos que dos de sus empresas firmaron con el gigante de la construcción a comienzos de la década del 2000, cuando era ministro de Alejandro Toledo. No es una denuncia por corrupción o por haber recibido coimas. La decisión es “política”, no judicial. Es, al menos en la superficie, un cuestionamiento ético del que PPK se desligó tarde y mal.
Algo que le será más difícil aún responder a Keiko Fujimori cuando avance la investigación que lleva adelante el fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien le preguntará qué quiere decir la anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht: “Aumentar Keiko para 500 eu fazer visita”.
No es casual, por eso, que durante todo este año el fujimorismo se haya empeñado en lanzar una ofensiva contra la Fiscalía de la Nación con el objetivo de destituir a su titular, Pablo Sánchez, en intentar controlar el Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de avasallar en poco tiempo al Poder Judicial, al Ministerio Público y después al Jurado Nacional de Elecciones, según escribió el analista Gustavo Gorriti en la revista Caretas. Y también, una ofensiva en el Congreso contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que declararon inaplicable una ley “antitránsfugas” promovida por el fujimorismo para que los legisladores no puedan abandonar sus bancadas. Fujimorismo explícito, al mejor estilo de 1997, cuando Alberto Fujimori destituyó a tres altos jueces que se opusieron a su re-reelección.
Lo que el fujimorismo no ha podido lograr en las urnas, quiso conseguirlo por la fuerza de un golpe de Palacio, con el inexplicable apoyo de un sector de la izquierda, que fue clave para evitar su triunfo en 2016, aunque finalmente eso no sucedió: mayoría en el Congreso y presidencia transitoria por un año, hasta nuevas elecciones. Tiempo suficiente para arrasar con la Justicia y sumar el poder total. Un tiempo suficiente, también, para que Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, pudiera volver a casa, indultado. Por ahora, eso deberá esperar. (Pablo Biffi, Clarín de Argentina)