BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano replicó este jueves a Alberto Brunori, representante la alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, quien pidió la sanción “urgente” de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, objetada por el presidente Iván Duque.
En ese sentido Brunori señaló que “la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, en cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional.
Asimismo de los estándares internacionales relativos a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y a la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes internacionales.
Esta declaración generó pocas horas después la reacción del Gobierno colombiano, que salió a rechazar lo dicho por Brunori, a través del embajador en la ONU, Guillermo Fernández de Soto.
“En relación con la declaración emitida en el día de hoy por el funcionario Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en donde señala que el presidente Duque debe sancionar de inmediato y sin dilaciones la ley estatutaria que ha sido objetada, me permito aclarar que esa declaración no coincide con lo expresado por el secretario general de la ONU, en la reunión que sostuvimos con el canciller de Colombia”, dijo Fernández de Soto.
El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, dijo en Nueva York que en esa reunión, Guterres le subrayó al canciller Carlos Holmes Trujillo la importancia que la ONU le da a la JEP y la preocupación de la organización por la “incertidumbre que rodea a la adopción de la Ley Estatutaria”.
Además, Guterres le dijo que confía en que haya “acciones rápidas” para asegurar que esta base jurídica quede establecida “cuanto antes”, con el fin de asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país y la seguridad legal para todas las partes involucradas.
Brunori, por su parte, resaltó que la JEP representa una oportunidad sin precedentes para “procesar judicialmente los crímenes del conflicto armado y amparar de forma eficaz los derechos de las víctimas, en atención a los impactos diferenciados que tuvo la violencia en las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes en los pueblos étnicos en el país”.