En momentos que se cuestiona al expresidente, Alberto Fujimori, por su autoría mediata en la matanza de Pativilca, el testigo clave para desentrañar lo sucedido fueron agentes del Grupo Colina, especialmente el técnico de Segunda EP (r) Jorge Ortiz Mantas
Su testimonio cobra importancia por tratarse de uno de los agentes del destacamento de aniquilamiento que obedecía órdenes del Servicio de Inteligencia del Ejército, SIEA, de la cúpula militar encabezada por el general Nicolás Hermoza Ríos, con la autorización de Fujimori.
Técnico de Segunda EP (r) Jorge Ortiz Mantas durante el proceso judicial donde reveló la cadena de mando tras las matanzas del Grupo Colina.
No se trata, pues, de una especulación sin base de personajes ajenos al caso o vinculados a los grupo terroristas, sino de los actores que perpetraron los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, antes de incursionar en Pativilca.
El 8 de febrero del 2008, en una sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos, quien respondía a las órdenes de Fujimori.
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Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de Colina, el exagente respondió:
“(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte, el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que demuestra que el general Hermoza sabía (…) En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior”.
Esta declaración, además de sentencias judiciales como las de los casos La Cantuta y Barrios Altos, que señalan la responsabilidad de Fujimori como autor mediato, fueron determinantes para que la justicia chilena autorice el nuevo juicio contra el expresidente por crímenes de lesa humanidad.
Otro ex miembro del Grupo Colina. Manuel Hinojosa Sopla, quien realizaba trabajos individuales de vigilancia, confirmó que el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) proporcionaba el armamento y la logística al grupo Colina.
El suboficial EP (r) Manuel Hinojosa Sopla detalla ante el tribunal la cadena de mando tras las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca.
El 29 de enero de 1992, más de dos meses después de la masacre de Barrios Altos y seis meses antes del caso La Cantuta, el grupo Colina, al mando del mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, acudió a Pativilca para cumplir con un “encargo” expreso del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos.
Según consta en el expediente judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de senderistas, y pidió a un familiar cercano a Hermoza que “le diera una mano”.
Por orden de Hermoza y bajo la dirección de Martin Rivas, los integrantes de Colina llegaron a la zona a las dos de la mañana; y secuestraron a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29) .
Luego de reducirlos, los torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.
Otros ex miembros del grupo Colina como Pablo Atúncar Cama, Héctor Gamarra Mamani y Hércules Gómez Casanova, se acogieron al beneficio de la colaboración eficaz,y confirmaron detalladamente la cadena de mando que llegaba hasta Palacio de Gobierno,
Gómez Casanova declaró que el ex presidente Alberto Fujimori daba “luz verde al grupo Colina para eliminar elementos terroristas”, y aseguró que el ex Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), al mando del asesor Vladimiro Montesinos, coordinaba con el mandatario todas las acciones que ejecutaba Colina.
Gómez dijo que, según la línea de mando, Fujimori era quien daba la orden de proceder con las operaciones, a través del comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos. Esa información fue corroborada por los tres ex miembros de Colina que también se acogieron a la colaboración eficaz.
La demora del juicio
El fiscal Luis Landa precisó que el proceso se inició en diciembre de 2012 con el auto apertorio en el que se incluyó al expresidente, Alberto Fujimori, pero no actuaron las diligencias a la espera de que la Justicia chlilena resolviera sobre el pedido de ampliación de la extradición con la matanza de Pativilca.
La ampliación se aprobó el 5 de junio del 2017 y Landa señala que desde entonces se computa la fecha para l derecho de gracia, que o debe exceder el doble del plazo de instrucción más su ampliatoria.
“La gracia constitucional se ha otorgado fuera del marco constitucional, en una etapa que no corresponde, ni cumple con el estándar mínimo de motivación” enfatizó Landa al hacer hincapié que ni siquiera se menciona en qué casos se otorga este beneficio.
Y concluye señalando que esta gracia presidencial no solo significa una violación al debido proceso sino también una desnaturalización”.