En medio de las polémicas recusaciones al juez Richard Augusto Concepción Carhuancho y a su anunciado reemplazo, Elizabeth Arias Quispe, la confirmación del interrogatorio en Curitiba del ex superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, y otros 8 funcionarios entre febrero y marzo próximos ha removido el avispero de este controversial caso.
El nuevo rol de interrogatorios se llevará a cabo luego de que los funcionarios se adhieran oficialmente al preacuerdo de la constructora brasileña firmado con el fiscal Domingo Pérez y el procurador ad hoc Jorge Ramírez, terminando una larga espera.
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El largo conflicto protagonizado el ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, provocó que se postergaran las diligencias sobre esta diligencia y se espera que, después que todos firmen el acuerdo, del lunes 18 al 22 de febrero, empiecen los interrogatorios en la sede de la ProcuradurÍa de Curitiba, lo que será complementado entre el 12 y 14 de marco por los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez, Carlos Puma Quispe y Norma Mori Gómez a Jorge Barata.
Un reemplazo en veremos
Ante la recusación planteada por Jaime Yoshiyama desde Estados Unidos contra el juez Concepción Carhuancho, por presunto adelanto de opinión, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional separó en tiempo récord al magistrado quien, según trascendió, sería reemplazado por la magistrada Elizabeth Arias.
De inmediato los cuestionamientos salieron a la luz debido a que en noviembre de 2017 la jueza Arias acogió un pedido de los abogados de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito para que se concluya la investigación por los aportes a la campaña electoral en el caso Odebrecht.
16 de enero de 2019
Era a todas luces un apoyo a la causa de Keiko Fujimori cuya causa se pretendía que estuviera a cargo de la magistrada.
Con esta decisión se rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para adecuar el caso a la ley de crimen organizado y ampliar el plazo de la investigación preliminar. Sin embargo, una sala anuló esta decisión y la Fiscalía pudo continuar con la investigación.
Para variar. el 13 de diciembre de 2018 la magistrada declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el exgobernador del Callao, Félix Moreno, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht.
Keiko se cura en salud
En momentos que lo fujimoristas más radicales celebraban el anunciado reemplazo, sorpresiv<mente la defensa de Keiko Fujimori solicita que jueza Elizabeth Arias se inhiba de este caso.
La abogada Giulliana Loza Ávalos explicó que esta decisión se debe a que su estudio defendió a la magistrada en un caso ajeno a este que mantuvo en reserva y otros en el marco del caso Odebrecht.
Mediante un documento enviado al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, la abogada Giulliana Loza Ávalos explicó que esta decisión se debe a que defendió hace unos años a la magistrada en un caso ajeno a este que mantuvo en reserva.
18 de enero de 2019
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“Nuestra pretensión tiene por objetivo evitar especulaciones que pudieran poner en cuestión su imparcialidad, honorabilidad y el correcto desempeño en el ejercicio del debido proceso”, se lee en oficio.
Es decir, la lideresa de la vincha naranja prefirió curarse en salud antes de que este hecho saliese a la luz pública y se especulase de una conspiración.
La letrada además precisó que ejerce la defensa de Keiko Fujimori desde el 12 de diciembre del 2017, y desde esa fecha su despacho no ha emitido pronunciamiento alguno relacionado a este caso.
“Hoy he informado a Keiko Fujimori que su proceso judicial ha sido derivado a la magistrada Elizabeth Arias. Conozco su solvencia moral y profesional sin embargo, mi defendida y yo hemos decidido solicitar inmediatamente su inhibición de este caso”, fue su breve mensaje dejando mal parado a sus despistados seguidores.
Las siglas AG de la discordia
El abogado del ex presidente Alan García, Erasmo Reyna, sostuvo que ninguna de las siglas ‘AG’ encontradas en la agenda del ex CEO Marcelo Odebrecht, y que aluden a su patrocinado, no “hacen referencias a algún pago de coimas” de parte de la constructora brasileña.
“Lo cierto y concreto es que, como lo ha referido el ex presidente García, ninguna de estas siglas, sobre todo a las que ha referido el señor Odebrecht, hacen referencia a algún pago de coimas ni ningún otro pago”, dijo Erasmo Reyna en diálogo con Canal N.
12 de noviembre de 2017
“De la más de una docena de menciones a las siglas ‘AG’, Marcelo Odebrecht ha contestado que unas de ellas corresponderían a Alan García, otras a Andrade Gutiérrez, como era nuestra sospecha desde un inicio”.
Y es que Marcelo Odebrecht, directivo de la constructora brasileña que lleva su apellido, declaró ante fiscales peruanos que efectivamente las siglas ‘AG’ halladas en su agenda electrónica corresponden al ex jefe de Estado.
Asimismo, el empresario brasileño refirió que García fue contratado para brindar conferencias al culminar su gestión, como era costumbre hacer con los ex presidentes.
Según explicó la defensa de Alan García, “esto es absolutamente falso”. Detalló además que solo se brindó una conferencia en Brasil, de las más de 30 que ha dictado el ex presidente.
“Quien contrató los servicios del ex presidente fue esta Federación de Empresarios de Sao Paulo. Agrupa a miles, son más o menos 130 mil industriales agrupados a través de esta federación”, agregó Reyna.
El problema surgió cuando, a menos de una semana de viajar a Curitiba, Brasil, para interrogar a Marcelo Odebrecht, IDL-Reporteros confirmó que el fiscal José Domingo Pérez Gómez recibió presiones para que en esa diligencia solo se limite a interrogar al ex CEO de la corrupta constructora sobre la anotación referida a Keiko Fujimori y no sobre las siglas “AG” que también están la agenda electrónica del celular del empresario brasileño.
Pérez Goméz menciona que los intentos de interferencia para limitar su trabajo fueron de parte de su colega Alonso Peña Cabrera Freyre, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, quien negó ese hecho.
Asimismo remitió un “Informe sobre las presuntas infracciones sujetas a sanción disciplinaria” de Peña Cabrera a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público.
En el referido documento de nueve páginas, que fue remitido también el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y al fiscal coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, y al mismo Peña Cabrera, Pérez Gómez no solo confirma las presiones que ha sufrido, sino que da detalles de esta intromisión en su trabajo, cuando se le dijo que “lo de AG no se pregunta”.