El país está en shock. La corrupción en la justicia peruana es una verdad de siempre, que se sufre, se lamenta y no se ha podido corregir. Quienes acuden en busca de justicia tienen su propia historia de pagos subterráneos y de preferencias marcadas por el poder o por el dinero. Las prebendas, los privilegios, los negociados y toda modalidad de corrupción infestan lo que debería ser un pilar de la legitimidad democrática, de la autoridad ética, de la credibilidad. Lo peor es que son muchos los intentos de saneamiento moral e institucional que han encallado en ese mar de intereses, de hábitos de supervivencia, de aceptación mafiosa. Y es que la resignación y la permisividad son una plaga que tuvo su cumbre en los años noventa cuando el fujimontesinismo hizo de los jueces provisionales los peones de sus corruptelas. Por tanto lo primero a reconocer es que el país enfrenta una cofradía de magistrados enriquecidos, que se apoyan entre sí, acostumbrados a flotar en ese mar infecto. Integrada incluso por muchos que se pretenden honorables y sin tacha.
La Comisión ya nombrada deberá tener en cuenta esta realidad malsana. Sus miembros enfrentarán este fondo de indolencia taimada de quienes han visto pasar a muchos renovadores sin éxito. Los magistrados y consejeros hoy en desgracia encontrarán la comprensión y toda la ayuda de sus cófrades si no se sigue el debido proceso para sancionarlos. Los amigos los repondrán con indemnizaciones. La mafia pretenderá continuar como si nada hubiera pasado.
Las calles calientan su censura a los responsables de tomar decisiones sin dilaciones. La presión social no es el mejor ambiente para la reflexión. Podríamos gritar con ellos fuera los corruptos pero, a contracorriente del escepticismo reinante, debemos desear éxito a quienes asumen valientemente tan dramática tarea.