La decisión de la Fiscalía colombiana de declarar delito de lesa humanidad la financiación de paramilitares en la región del Urabá puso al tapete la amenaza de los carteles que buscan reclutar sicarios entre disidentes de las FARC y el ELN.
Ese pronunciamiento, realizado la semana pasada, no solo sentó un precedente para judicializar a quienes hayan aportado dinero a esos grupos que reclutan mercenarios sino que muestra el avance de estos carteles de la droga que intentan presentarse como insurgentes políticos, para copar los llamados territorios que dejan guerrillas que optaron por el camino de la paz.
En el fallo fiscal se establece que los bananeros de esa región antioqueña financiaron la expansión de un frente paramilitar como resultado de un “acuerdo voluntario” de la nueva amenaza que se divisa entre nubarrones de violencia en la selva colombiana.
En un documento de 125 páginas, la Fiscalía dejó claro que esos aportes no fueron producto de la extorsión, sino de un pacto el cual permitió constituir todo el andamiaje logístico y económico para poner en funcionamiento esa formación (del paramilitarismo) y de paso sembrar el terror en el Urabá, comentó el diario El Tiempo.
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Es por eso que se señala que tal conducta tipifica dentro del delito de concierto para delinquir agravado, amplió el ente acusador en la sentencia citada por el periódico de circulación nacional.
El fiscal del caso aclaró que aunque la investigación en cuestión se limita al hecho puntual de los bananeros que dieron plata a la mencionada banda, esa misma tesis podría aplicarse a quienes sustentaron a otras agrupaciones ilegales autoras de un sinnúmero de actos delictivos.
Esa estructura estuvo detrás de asesinatos selectivos, casos de desaparición forzada, desplazamientos de población civil de sus lugares de origen, reclutamiento ilícito de menores y torturas, advirtió el portal digital El Espectador.
Tal dictamen coincide con denuncias de defensores de derechos humanos y políticos sobre un incremento o revitalización del paramilitarismo en varios departamentos colombianos, flagelo al que atribuyen el exterminio de líderes sociales y militantes de la plataforma Marcha Patriótica (MP).
Aunque el Gobierno admite la muerte de medio centenar de dirigentes comunitarios y activistas de izquierda (entre ellos miembros de MP) durante 2016, esa organización afirma que el número de víctimas es superior.
Las negociaciones de paz tienen un significativo consenso en el exterior, pero en Colombia enfrentan desafíos con grupos de ultraderecha que intentaron n torpedear los acuerdos de paz y ahora a las negociaciones con el EL.
Es un secreto a voces que la captura del hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, (acusado de delitos graves, entre ellos, el de conformación de grupos paramilitares en el norte de Antioquia), coincidió en los últimos meses, con una escalada de ataques de grupos armados que incluye amenazas a reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, y miembros del movimiento político Marcha Patriótica.
No se descarta que esta estrategia, que el Gobierno le atribuye a las bacrim, bandas criminales, incluiría una campaña contra la restitución de tierras que involucraría exparamilitares y políticos de extrema derecha.
(Nota: La difusión de videos tiene como objetivo dar mayores elementos de juicio sin que por ello signifique necesariamente coincidencias o rechazo)
A las puertas de la firma de un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación, ELN, siguiendo el camio trazado co las FARC, el Gobierno y muchos sectores minimizan la existencia del paramilitarismo, y otros acuñan la tesis del uribismo y de la extrema derecha de que este fenómeno fue “desmantelado” por el expresidente Álvaro Uribe.
Si embargo , ante el reclutamiento de disidentes guerrilleros y las incursiones violentas del clan Úsuga muchos de los partidarios de la paz ven al paramilitarismo como un peligro evidente para la transición y como la extrema derecha armada.
Durante años, Colombia ha sido el laboratorio de estrategias de guerra que se han desarrollado en el plano internacional, como lo fue la creación de estructuras paramilitares en la lucha contrainsurgente.
A mediados de la década de 1980, los paramilitares, junto a agentes del Estado, asesinaron a más de 5.000 miembros del movimiento político Unión Patriótica, que promovía la solución dialogada al conflicto.
Treinta años después, la sombra del paramilitarismo sigue presente con empresarios, exparamilitares retomando el poder y ataques a figuras políticas y a adversarios del narcotráfico.
Son fuerzas que van mucho más allá de cuidar el negocio del narcotráfico. La Procuraduría sigue actualmente 519 procesos disciplinarios contra mandatarios regionales y miembros de las fuerzas armadas por faltas relacionadas con presuntos nexos con esta clase grupos ilegales.
Estas estructuras tienen entre sus objetivos atacar la ley de restitución de tierras y cualquier intento de reforma agraria, así como silenciar a quienes defienden derechos humanos o a los movimientos sociales: en 2015 fueron asesinados seis defensores de derechos humanos según el informe oficial de las Naciones Unidas.
Los analistas consideran que urge llevar a cabo capturas de personas vinculadas, depurar las Instituciones, y aumentar la capacidad de acción de organismos como la Defensoría del Pueblo.
En el plano de la política, endurecer las sanciones, no solo a los políticos relacionados con paramilitares (“parapolítica”), sino a los partidos de los cuales hacen parte. Y lo más importante: que, al tiempo de un acuerdo de paz con la guerrilla, se llegue también a un acuerdo nacional para que nunca más se utilicen las armas en la política.
Los paros armados
La amenaza latente de los paramilitares se puso en vigencia hace poco más de un año en la región del Uraba donde se distribuyeron miles de panfletos por el llamado Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que convocó a un paro armado entre las 00:00 horas del 31 de marzo y las 00:00 horas del 1 de abril de 2016.
El paro armado implica que nadie puede moverse, circular o salir de sus propiedades y quien lo hace corre el riesgo de perder la vida y de hecho, dos miembros de la fuerza pública de paisano fueron asesinados por este grupo.
https://www.youtube.com/watch?v=60jItth_jl4
Se trataba en realidad del tercer paro armado de las AGC en Urabá, recuerda Arley Tuberquia, miembro del consejo interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
El primero fue hacia 2009, declaró a BBC Mundo, cuando se anunció la creación de las AGC, y el segundo a principios del 2012, cuando la policía mató a Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni, entonces líder de esa organización.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó de la paralización absoluta en los municipios de Lorica (Córdoba), Apartadó, Riosucio y Turbo (Antioquia) y en otros puntos del país, así obstrucción de vías, interrupción de clases en colegios y que se pintaron edificios y vehículos con las siglas de las AGC.
https://www.youtube.com/watch?v=ZnuWCx5haMA
Sin embargo el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, intentò colocar paños fríos al señalar que el paro armado no tuvo un alcance mayor, dijo que la situación estaba bajo control y que se evitó el bloqueo de vías.
Sí dio cuenta de la muerte de un capitán del ejército y un policía, ambos fuera de servicio en el momento de los hechos.
El primero murió por la explosión de una granada cuando viajaba con su esposa (hospitalizada) y su hija (sin heridas) en Turbo, Antioquia. Del segundo asesinato Villegas dijo que el policía iba a una cita médica.
El ministro también informó que dos policías resultaron heridos en una explosión causada por el mismo grupo.
Según Arley Tuberquia, quien vive en Urabá, la acción de las AGC se hizo sentir.
No obstante que el paramilitarismo es un término que el gobierno rechaza, tras asegurar que se desmovilizaron hace una década y ya no existen.
Lo que hay, señala el gobierno colombiano, son bandas criminales (o bacrim) y ,por lo tanto, que las AGC no son consideradas por las autoridades una organización política.
Para las FARC el paramilitarismo como expresión armada de la derecha colombiana no ha desaparecido y urgen al gobierno que desbarate a estas organizaciones, que temen podrían atacar a sus miembros una vez firmada la paz y dejadas la armas.
El grupo que incursión en el Urabá, una región del norte de Colombia más grande que Jamaica, que ocupa parte de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, se define como paramilitar.
Usa el término autodefensas, el mismo que llevaban cosidos en sus uniformes los paramilitares desmovilizados, aquellos que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En el panfleto que distribuyeron con fecha del 29 de marzo dicen: “Las Autodefensas Gaitanistas nos encontramos en el conflicto no por voluntad propia, sino en legítima defensa, ante un Estado incapaz de garantizar la vida y bienes de sus asociados”.
Y agrega: “Somos una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo”.
El Clan Úsuga, contra la que las fuerzas de seguridad lanzaron una enorme operación, llamada Agamenón, en febrero de 2015, es dirigido por Dairo Antonio Úsuga David, (a) Otoniel (hermano de Giovanni), quien fue uno de los muchos miembros de las AUC que eligieron no desmovilizarse.
Lo cierto es que los paramilitares o bandas criminales , como prefiere denominarlos el gobierno colombiano, empiezan a tocar tambores de guerra esta vez reforzados con guerrilleros disidentes, en una nueva amenaza armada con consecuencias impredecibles.