La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del congreso de la república, acordó recientemente y, por mayoría, archivar la denuncia contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el ingreso y sustracción de información en las oficinas del Ministerio Público lacradas por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que tiene a su cargo.
El archivamiento ha sido obra y gracia de los congresistas que representan al fujimorismo y al aprismo. Pero, además, por la ausencia extraña y poco justificable del acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, quien se escuda en una cita médica, que bien se pudo aplazar. Del mismo modo, por la inasistencia de Marco Arana, aunque este alega que en esos momentos se encontraba en la Comisión de Constitución, sustentando un proyecto de ley de su autoría.
Lo cierto es que lo ocurrido ha causado malestar en la ciudadanía, entre otras razones, porque Chávarry ha recibido el mismo tratamiento en anteriores oportunidades, en las que ha sido acusado de vulnerar la legalidad de sus actos. Esto a pesar de que él es el primer llamado a cumplir con la Ley por la propia función pública que ejerce. Así como ahora, el fujimorismo y el aprismo se han encargado del descarado y criticado blindaje. Eso a pesar del costo moral y político para los integrantes de esas dos agrupaciones.
¿Qué lleva a los seguidores de la señora Keiko Fujimori y del señor Alan García a perpetrar este y otros hechos, vinculados al proceso Odebrecht? ¿No era preferible, mejor, que se aprobara el pase a la acusación a Chávarry, tratar el tema en la Comisión Permanente y dejar, finalmente, que sea la justicia la que decida lo correcto?
Es un misterio de barrio chino. Da lugar a la especulación, los críticos se llenan de conjeturas. Y sobre todo deja una pésima impresión en la ciudadanía y entre los electores, que desde ahora van tomando conciencia del mal comportamiento de esos parlamentarios. El descrédito, la mancha, la mácula crece a tal punto, que hay quienes consideran que el fujimorismo y el aprismo son sinónimo de corrupción y de violación abierta a la justicia.
Las evidencias sobre la actuación en este hecho son clamorosas. No solamente estuvo presente en el noveno piso de la sede del Ministerio Público, donde se ubica su despacho y el de su asesor Juan Manuel Duarte. Las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad dan cuenta de su desplazamiento en esos momentos cruciales. Y peor aún, nada menos que Rosa María Venegas, su asistente de confianza, lo ha señalado como la persona que dio la orden de romper el lacrado y extraer los documentos que estaban en poder del asesor Juan Manuel Duarte. Todos ellos vinculados en las investigaciones que realiza el Fiscal José Domingo Pérez.
A esto se suma lo que pocos advierten. No se trata de un blindaje más a gente que debe dar cara ante la justicia. Este hecho, también, atenta contra la democracia y de manera muy grave. Lo ocurrido no podría suceder en un país donde el vocablo democracia designa una actitud en la vida social, una filosofía política, una técnica y una forma de gobierno. Es gobierno del pueblo.
Igualmente, es necesario recalcar que lo sucedido podría calificarse de bandidaje más que de actitud política, que en su expresión más sublime es la capacidad humana de actuar, aportar a la relación su carácter de acto humano. Política es, en suma acción racional libre y responsable.