Existe inquietud y preocupación respecto a la reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo y que, por otro lado, merece la aprobación del Poder Legislativo, de conformidad con las facultades constitucionales que le corresponde. Faltan pocas horas para que concluya el actual periodo parlamentario y todo parece ser que la encomienda, que, por lo demás, mereció el respaldo ciudadano vía referéndum, se cumplirá a medias. La mayoría parlamentaria integrada por una coalición de fujimoristas y apristas, a la fecha, ha dado muestras de su afán de boicotear tal reforma. Y con ello quebrar la posibilidad de hacer viable una mejor práctica de la democracia representativa.
Lo ocurrido el reciente lunes, con agravios provocadores de parte de esa coalición y la evidente orfandad del actual presidente del Congreso de la República, coloca en agenda las dudas que tiene la ciudadanía sobre el futuro político del país. Más aún el pobre concepto de sociedad política que poseen los boicoteadores.
Vamos de mal en peor en esta materia. Existe la presunción que los fujimoristas por pertenencia heredada, actúan en contracorriente del interés de las mayorías nacionales. Otro tanto se puede decir respecto a los neoapristas, los mismos que, todo indica, han echado al basurero de la historia las enseñanzas de Haya de la Torre, personaje que hizo mucho por la construcción de una sociedad en la que la persona humana alcanzara su plena realización.
A unos y otros y a las individualidades que quieren compartir tan perversa conducta política, es menester que se les diga, de manera clara y rotunda, que la sociedad peruana no puede acometer la tarea de realizar una cultura apropiada y entendida como el mundo que el ser humano crea para enfrentar al mundo natural, cuando sus representantes legislativos se comportan políticamente de manera desordenada y anárquica.
Es también la hora que dicha mayoría, que no es tan fuerte como muchos creen, recapacite sobre los alcances del poder que le ha dado la ciudadanía. La autoridad que hoy en día merece un comportamiento más responsable. Solamente así se podrá cumplir el objetivo fundamental de la construcción de una sociedad mejor, sin excluidos ni olvidados.
Existen reglas de oro sobre la legitimidad de la autoridad, siempre que ella se ajuste a las mismas pensando en el bien común. Tales principios señalan la necesidad del ser humano de vivir en sociedad, la igualdad esencial de los seres humanos y la limitación del poder político que deriva de la transitoriedad y del alcance de su misión. No cumplir con estas reglas hace que el poder político otorgado se convierta en ilegitimo. Por una simple razón: se usa el poder político en perjuicio del bien común.