El proceso electoral del reciente 26 de enero concluyó con una participación significativa de los ciudadanos. Esto a contrapelo de pequeños grupos interesados en promover el ausentismo y, cuando no, la opción del voto nulo o en blanco. No lograron su propósito. Por el contrario los electores asistieron en forma masiva e hicieron lo que a su entender podía ser beneficioso para el futuro político inmediato.
Sin embargo, la posible composición del nuevo Parlamento, que debe completar el periodo del Congreso anterior, no augura las posibilidades ciertas de lograr en su corto periodo de vida, algunas de las más importantes reformas que requiere la vida política del país, cuando ya estamos ad portas del bicentenario de la declaración de la emancipación.
La presencia de representantes del debilitado colectivo fujimorista que lleva por nombre Fuerza Popular, el inusitado aumento de partidarios de Unión por el Perú, cuyo líder es Antauro Humala y la sorpresiva vigencia masiva del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), permite avizorar un panorama que puede considerarse preocupante. Si a ello se agrega las primeras declaraciones de quienes asoman como virtuales representantes de Acción Popular, que adelantan una posición obstruccionista al Poder Ejecutivo, no queda otra cosa que pensar que viene un breve pero difícil periodo de gobernabilidad. Esperamos, sin embargo, que tal obstruccionismo no sea tan hostil como el que practicó la representación disuelta. El país requiere de mucho talento político, para llevar adelante las reformas que urgen para encaminar sus pasos por las vías del desarrollo.
En la agenda seguramente que se insistirá en el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato. La esencia de este proyecto de ley – lo remarcó Salvador Del Solar en su momento- radica en impedir que quienes se encuentren condenados en primera instancia por delitos dolosos, con pena privativa de la libertad mayor a 4 años, puedan ser candidatos al Congreso o a cualquier cargo popular.
De mismo modo habrá quienes buscarán y otros que se opondrán a la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, proyecto que regularía la democracia interna y promovería la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. Esto con el propósito de fortalecer la democracia al interior de los partidos, de tal manera que los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso, así como también para ser gobernador y para ser alcalde o alcaldesa provincial y distrital, sean elegidos por los militantes de cada partido con participación de los ciudadanos, en elecciones que sean abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que participen los organismos electorales. Todo esto con efecto vinculante.
Otro tema que, posiblemente, origine un debate candente será el relacionado con el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional. Es este caso se trata de la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias. El cuestionamiento hacia el voto preferencial se debe a que hay quienes creen que el mismo debilita los partidos, distorsiona las campañas políticas y se teme que, como siempre ha ocurrido, hayan nuevos lavados de activos con el ingreso de fondos delincuencial.
Como se podrá observar la tarea que le corresponde al nuevo Parlamento transitorio es muy ardua y, además, de escaso tiempo. Será difícil que haya entendimiento en la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales y Ley de Orgánica de Elecciones, que tiene que ver con la inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales, hoy tan en boga. De aprobarse el proyecto, la inscripción política de cualquier organización de esa índole, solo se podrá lograr con un número mínimo de afiliados de aproximadamente catorce mil. Quedando de lado la vieja y trasnochada costumbre de adherentes. Lo mismo habría que pensar sobre la importancia del proyecto de ley que modifica e incorpora diversos artículos al Título VI de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y de la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. En este último caso se trata de evitar que se reitere en los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas; así como en la obligación de las organizaciones políticas de presentar dos reportes de gasto durante las campañas electorales.
Pero más roncha debe sacar el debate parlamentario cuando se ponga en agenda y ante el plenario el proyecto de ley que modifica el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Aquí como dicen en las calles, hay mucha ropa sucia por lavar. Personajes del fujimorismo que posiblemente retomen sus curules, serán los primeros opositores. En simultaneo con esta posibilidad, se observa en la virtual conformación de nuevos legisladores, a personas que podrían descollar siempre que actúen conforme a sus principios y valorando el rol que les corresponde como representantes a quienes el pueblo les ha dado su confianza.
Las agrupaciones como Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Podemos Perú, Partido Morado, muestran elementos que darán que hablar en los próximos meses. Sin embargo, esa opción podría ser mermada, si se toma en cuenta que ultraderechistas, derechistas, centristas, izquierdistas y ultraizquierdistas, a partir de ahora encaminarán sus pasos hacia las elecciones generales y parlamentarias que se llevarán a cabo el 11 de abril de 2021. Vienen meses tormentosos, dada la fragilidad de nuestra democracia. Hay dudas y sobre dudas si este Congreso transitorio podrá pasar a la historia política del país.