Sin pena ni gloria terminó la jornada gremial del empresariado peruano, conocida como CADE 2017. Llegó a su fin tratando de convencer, a propios y extraños, que ahora es el momento en que política y economía deben caminar por la misma cuerda y no por cuerdas separadas como hicieron suponer los organizadores del evento.
Creo que tal intento ha sido fallido, por la carga engañosa que llevó sobre sus espaldas el evento mencionado. Al respecto vale una explicación. Bien se sabe que salvo alguna breve interrupción, los amores entre política y economía, que inclusive fueron de animada intimidad, han marcado la vida republicana. Tanto que casi siempre el poder económico ha considerado como suya la tarea de designar al presidente de la República y de los otros poderes del Estado. En las páginas de la historia escrita por Basadre se documenta las famosas reuniones de los notables de Lima, no solamente para aliviar la sed con alguna exquisitez alcohólica, sino sobre todo para llevar a Palacio de Gobierno a quien conviniera mejor a sus privilegiados intereses.
Son muchas las pruebas que demuestran ese maridaje entre el poder económico y el poder político. Hagamos un repaso. Cerrando la década final del siglo veinte, Alberto Fujimori impuso una nueva política económica, la misma que había pensado el escritor Vargas Llosa, en tal extremo que la informalidad y la pobreza hundió sus raíces en el territorio nacional, conjuntamente con la corrupción en todas las esferas de la vida del país. Algo parecido ocurrió luego con Alejandro Toledo. Las buenas intenciones de sus ministros chocaron con las malas y escondidas costumbres delincuenciales del flamante mandatario de la vincha quechua. El caso Odebrecht es emblemático para ventilar la forma como manejan sus relaciones la economía y la política. Posteriormente nos cayó la quincha con Alan García. ¡Qué Banco Central de Reserva!, ¡qué Ministerio de Economía y Finanzas!. Se olvidó de las ideas del aprismo, ni siquiera las modernizó. Prefirió gobernar con sus nuevos amigos y consejeros de la industria, el comercio y la banca, proclamando que la plata llega sola. Y efectivamente esta, llámese para el caso economía, se manejó con criterios políticos, los recomendados por la gente de su entorno.
Hablar a estas alturas de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia es perder el tiempo. Comenzaron haciéndole creer al país que bebían chicha, la bebida del pueblo, y luego se transformaron para decir que preferían la limonada. Al final no fueron bebedores ni de lo uno ni de lo otro. Muy aceleradamente se dejaron encandilar por los oropeles de Palacio de Gobierno, el halago fácil de los personeros del poder económico, descubrieron que, con simplemente levantar la voz, podían hacer de las suyas y tomar decisiones que no siempre eran recomendadas por sus ministros. Hicieron en suma lo mismo que sus antecesores. Contribuyeron a que por la misma cuerda caminaran la economía y la política.
¿Ha cambiado con Kuczynski este viejo romance entre la política y la economía? Abrumado por otros problemas, entre ellos los provocados por la extrema derecha del fujimorismo en el Parlamento y una organización partidaria, que de tal solamente tiene el nombre, pareciera que los amores se hubieran enfriado. Pero no es así. En CADE 2017 se notó ésto. El poder económico lo reconoce como uno de los suyos. Sabe que PPK es por sobre todo un banquero y por lo mismo, eso de la revolución social, no ha sido otra cosa que un engañamuchacho. Para PPK la economía y la política, aquí en Perú y en cualquier lugar del mundo, siempre andarán agarraditos de la mano, como amantes de toda la vida.
Ahhh, alguien dirá que con la caída de José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós, cinco de los empresarios más connotados de la industria de la construcción, en estos momentos presos acusados de corrupción, demuestra que la economía y la política van por cuerda separada. Al respecto, lamento tener que decirle que eso no es así. Tanto el fiscal Hamilton Castro como el juez Richard Concepción Carhuancho, están dando ejemplo de lo que hace años debieron hacer sus antecesores: que ante la ley todos los ciudadanos son iguales.