El caso judicial del ex juez César Hinostroza, acusado por los ilícitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, admitidos por la Audiencia Nacional de España, pero favorecido por la desestimación del delito de organización criminal, ha concitado la atención ciudadana en nuestro país.
Lo ocurrido significaría, si es que no apela el Estado peruano, que Hinostroza, podría ser sancionado por los tres delitos ya indicados y que suman penas menores, a la que le correspondería de ser juzgado como cabeza del delito de organización criminal, que es considerado de mayor gravedad.
El enredo forma parte de una maniobra legal. Con el voto de la mayoría parlamentaria del Congreso Nacional, se acusó al ex juez de los cuatro ilícitos, pero no ocurrió lo mismo con los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez, a quienes se dejó de lado como supuestos integrantes de la organización criminal. Es decir, como bien ha juzgado la Audiencia Nacional de España no se puede “ser jefe de una organización sin miembros”.
¿Qué pasó? ¿Los señores y señoras que forman parte de nuestro Congreso Nacional, no se dieron cuenta de la maniobra? ¿Los asesores legales que les acompañan, no les advirtieron de tan craso error? ¿O simplemente todo estaba conversado previamente? Raro, muy raro, cuando bien se sabe que se considera organización criminal al colectivo de tres o más personas, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves.
A estas alturas habría que pensar que más que atención ciudadana, lo que realmente existe es preocupación, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados con la lucha contra el crimen y se pretende recuperar la salud moral del país. César Hinostroza Pariachi, quien tenía antes de su detención, el rango de Juez Supremo, había protagonizado hechos considerados, por sus acusadores delincuenciales, con la concurrencia de un grupo jerarquizado de más de tres personas y que actuaban concertadamente. Al menos eso fue lo que sostuvo Oracio Pacori, congresista que fue el ponente de la acusación constitucional en el Parlamento. Ponencia que fue contradicha por los legisladores Ursula Letona y Luis Galarreta, quienes desestimaron el informe de Pacori y señalaron, machaconamente, que no era posible procesar a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, por cuanto esa tarea no era propia del Congreso, y que tal función correspondía al Ministerio Público. Como era de esperar, con una mayoría parlamentaria abrumadora, se impusieron los criterios de Letona y Galarreta. Y quedó en el acta respectiva otra página oscura, que deja un precedente funesto para la buena administración de justicia.
Ojalá que el Estado peruano apele y cumpla el rol que le corresponde.