El nuevo año encontrará al pueblo peruano expectante de dos reformas que trascienden, en tanto auguran la posibilidad de que el país camine sobre ejes de una democracia más sólida y de participación más efectiva de la ciudadanía. Nos estamos refiriendo a la Reforma de Justicia y a la Reforma Política.
La primera etapa de esta delicada tarea se ha cumplido. La Comisión encargada de la Reforma de Justicia hizo entrega, en su oportunidad, de diez recomendaciones al Jefe del Estado y éste, a su vez, las ha hecho de conocimiento del Congreso de la República. Ahora se espera que, luego del debate respectivo, la reforma en mención permitirá realizar en el país un auténtico cambio y asegurar la transparencia de los ciudadanos en sus instituciones. El anhelo general es que haya una reforma integral del sistema. ¿Se cumplirá ese cometido o entrarán en juego otros intereses a los que ya nos tiene acostumbrados el actual Parlamento?
La segunda etapa corre por cuenta de la Comisión encargada de la Reforma Política, la misma que ha asumido la responsabilidad de plantear, en el marco de la mayor autonomía, los cambios que deben de efectuarse. La tarea es sumamente delicada porque se trata de una reforma que, sin medias tintas, asegure la participación democrática del pueblo en asuntos que tienen que ver con su dignidad y plena realización.
La calidad intelectual de quienes integran esta comisión ha sido bien recibida y se espera mucho de ella, en cuanto pueda superar, por ejemplo, los cambios que el Congreso de la República, introdujo a la reforma de la bicameralidad parlamentaria y que dieron lugar al rechazo ciudadano, en la consulta popular que se efectuó el pasado 9 de diciembre.
Sin embargo, ahora es de esperar que la comisión que comenzará sus funciones el primer día útil de enero entrante, tenga en consideración tres principios fundamentales que se presentan como condiciones que gobiernan y determinan toda sociedad. Se trata de la igualdad, la libertad y la justicia, bases que sustentan la vida en una verdadera democracia.
Los dos primeros principios son inmanentes a la esencia misma del ser humano, mientras el tercer principio, derivado de la igualdad y fundado en la libertad, constituye un fin ético inseparable de toda relación que tenga el ser humano, como uno de sus términos.
En cuanto al principio de igualdad, hay que subrayar que cualquier sociedad que se pretenda legítima, debe disponer su organización de modo tal que garantice, para todas y todos de sus miembros, la posibilidad de alcanzar su propia realización y de acceder a los beneficios que la vida en común comporta. La igualdad se funda en la naturaleza humana. Todos los seres humanos son esencialmente iguales.
En cuanto al principio de libertad debe ser entendida como indeterminación del acto humano, acto en el que se distingue entre una libertad interior o libre albedrío y una libertad exterior o de libertad de independencia. El libre albedrío es una nota esencial del ser humano, de la misma manera como lo es la igualdad que deriva de la naturaleza humana. La libertad de independencia corresponde a la igualdad de proporción y se erige en condición de posibilidad de su realización fáctica. El orden jurídico determina los alcances de la libertad.
Decíamos que otro principio es el referente a la justicia, principio por el cual el acto humano, individual o social, se acerca, se ajusta, a su fin. Bastará a los fines propuestos, entender a la justicia como orden que hace referencia a la igualdad o que persigue, como se suele decir, la realización de la igualdad entre un cierto “dar” y un cierto “recibir”.
Como principio de la organización social, o principio operativo de la sociedad, la justicia afecta tanto las relaciones entre los seres humanos que son sus miembros, como las que ocurren entre los grupos intermedios y los seres humanos, la de aquellos miembros entre ellos, y también las de todos los componentes individuales colectivos de la sociedad con el propio cuerpo social, considerado en su totalidad y generalmente representado por aquella parte suya responsable de la gestión del bien común, es decir, el Estado.
Hemos querido subrayar la importancia de estos tres principios como aporte que con mayores luces asumirá la Comisión de Reforma Política. Por una razón muy sencilla: tales principios se nos presentan como principios operativos de la sociedad. Constituyen en realidad verdaderas condiciones para su organización pues, en ausencia de ellos el resultado no se da en una sociedad auténtica, sino un colectivo de seres humanos, más o menos coercitivo, más o menos aceptado o mantenido, pero donde los seres humanos, varones y mujeres, jóvenes y mayores, no tienen posibilidades de desenvolverse adecuadamente en busca de su destino. La reforma política puede ser el hito inicial de una democracia real. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer suyas o no las recomendaciones de la Comisión de Reforma Política. ¿El Poder Legislativo actuará, preguntamos, a la altura de estas circunstancias históricas o reincidirá en poner obstáculos a los cambios que demanda el país?.