Entre la guerra y la paz

 

Mientras Colombia acaba de dar una giro de 180 grados en su estrategia de guerra contra las drogas impuesta como una camisa de fuerza por EEUU desde el llamado “Plan Colombia” en el año 1999, el Perú sigue siendo un acólito fiel y servil al dogma estadounidense de su fracasada “guerra mundial contra las drogas”.

Ese seguidismo y servilismo al modelo de lucha antidrogas de EEUU está calcado y reproducido en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021 recientemente anunciada por la presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Carmen Masías.

Una prueba del fracaso de la política antidrogas es la presencia en Lima de miles de cocaleros de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Los cocaleros del VRAEM en sus demandas están reclamando y exigiendo el cambio de estrategia, la renuncia de la señora Masías y rechazan la decisión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de poner en marcha un plan de erradicación forzosa y compulsiva en el VRAEM.

Este plan de erradicación compulsiva tiene sus bemoles. Desde que la producción de coca y cocaína se trasladó desde los valles del Alto Huallaga entre los años 1999 y 2000 hacia las zonas selváticas de Ayacucho convirtiéndose el VRAEM en el epicentro de la producción mundial de cocaína, nunca hubo erradicación forzosa en esos valles transformados en el nuevo mapa de las drogas en el Perú.

La presencia de miles de cocaleros que habían formado los Comités de Autodefensa y que lucharon contra Sendero Luminoso en las décadas de los ochentas y noventas, podía generar una resistencia armada a una acción de erradicación forzosa de las plantaciones de coca. El gobierno puso en marcha un programa de desarme y de registro de las armas. Pero nadie puede garantizar que todos los antiguos combatientes de los Comités de Autodefensa han entregado sus armas.

En mis recientes viajes al VRAEM he escuchado testimonios de cocaleros dispuestos a luchar a muerte en la defensa de su coca. Y también hay señales e indicios de que los remanentes de Sendero Luminoso liderados por los hermanos Quispe Palomino se sumarían a la defensa de la coca luchando contra los erradicadores.

Un proceso de erradicación forzoso y compulsivo puede incendiar la pradera en el VRAEM. Aunque las condiciones son diferentes, pero es lo que puede ocurrir en el próximo futuro en la Amazonía colombiana donde los bloques 24 y 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disidentes del proceso de paz, han decidido seguir combatiendo y defendiendo, entre otras causas, las demandas de los productores de hoja de coca.

Colombia, un nuevo enfoque en la política de drogas

Paralela y simultáneamente al proceso de paz suscrito entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, liderados por Rodrigo Londoño, “Timochenko”, un proceso complejo y difícil con una oposición cerril y virulenta encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia ha iniciado un cambio de 180 grados en su política antidrogas que se caracterizó, siguiendo las pautas del diseño estadounidense, por su tendencia represiva y criminalizadora sobre todo contra las más pobres y débiles de los ciudadanos.

En una reunión de Consulta Regional de políticas públicas sobre drogas convocada por las Naciones Unidas y otras instituciones en Colombia, a la que este cronista fue invitado, escuchamos, entre sorprendidos y asombrados, al Ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, explicar con sólidos argumentos este giro y cambio de un nuevo enfoque de la política antidrogas que revisa y cuestiona el modelo guerrerista, policíaco y criminalizador de EEUU.

De acuerdo al Ministro Gil Botero, en Colombia no se puede detener el conflicto armado sin cambiar el enfoque de la guerra contra las drogas. Este nuevo enfoque prioriza fundamentalmente los derechos humanos y la salud. Y este cambio de enfoque hace justicia a los que fueron las víctimas de la violenta guerra contra las drogas en Colombia: los campesinos, los más pobres del campo y también de las ciudades.

“Los pobres de Colombia han sido las víctimas de esta política de drogas. Han sido las víctimas de la criminalización. El populismo punitivo sancionó a los más pobres. La drogadicción debe ser vista como un problema de salud pública. Hay que eliminar la criminalización”, sentenció con firmeza el Ministro Enrique Gil Botero.

Señaló también que el Ministerio de Justicia colombiano apoya decididamente los programas de cambio de desarrollo integral en el campo que desplace y reemplace a la coca. Y lanzó una frase que parecía la frase de un shamán amazónico: “Hay que tener una visión panteísta y pedir que los dioses colonicen el bosque en vez de la coca”.

César Gaviria: el fracaso de la guerra de las drogas

En la consulta regional sobre políticas públicas sobre drogas, entre decenas de expertos en el tema de todo el mundo, también estuvo el ex presidente de Colombia, César Gaviria (1990-1994).Pocas veces he escuchado, sobre todo de un político que conoce a fondo el tema de drogas, los cuestionamientos más severos al Plan Colombia y la política de drogas de EEUU.

Para César Gaviria, la criminalización a los sembradores de coca han sido un error, una injusticia; que Colombia ha pagado con dinero y vidas una estrategia antidrogas que sólo ha servidos los intereses nacionales y geopolíticos de EEUU; que hay un engaño en la estrategia de drogas de EEUU que señala que si se erradica la coca disminuirá el consumo y la demanda; que el 5 por ciento del PBI de Colombia se invierte en seguridad siguiendo la misma lógica antidrogas de Washington y que el Plan Colombia costó 10 mil millones de dólares; que pese a esta guerra que sirve a los intereses geopolíticos del gobierno de Donald Trump, el consumo de drogas sigue creciendo y EEUU es el mayor consumidor de drogas del mundo.

Pero en el Perú jamás aprendemos la lección. Porque PPK, acólito fiel del dogma de la política antidrogas de Trump, continúa con la guerra antidrogas que sirve a los intereses geopolíticos del imperio en declinación del siglo XXI.