La inseguridad ciudadana y la corrupción constituyen los problemas sociales que requieren la más urgente atención en nuestro país. Uno y otro flagelo han sido objeto del señalamiento angustioso de la ciudadanía, desde tiempo atrás. Hoy cobran actualidad, sobre todo en lo que respecta a la corrupción, tanto que han puesto en jaque al gobierno y le retan abiertamente a demostrar que se encuentra en capacidad de darles batalla.
El presidente Kuczynski, en las vísperas de cumplir sus primeros cien días como mandatario, afectado directamente por la repudiable conducta de su asesor en asuntos de salud pública, ha salido al frente. No le quedaba otra y ha dado un mensaje a la nación, en términos puntuales. Ha anunciado cinco medidas inmediatas que el Jefe de Estado cree que darán resultados efectivos, las mismas que, en contraste, no satisfacen las expectativas de sus críticos. Algunos de los cuales, inclusive, apoyándose en el poder de la prensa concentrada, califican de tardío el anuncio de tales medidas.
¿Será que el carismático PPK piensa, sin embargo, que en octubre, mes morado, hay milagros? A lo mejor. Examinemos las citadas medidas. La primera de ellas está relacionada con el despacho presidencial. La orden dispone una exhaustiva revisión y una total reorganización de dicha dependencia de la Casa de Gobierno, así como mecanismos más eficaces para elegir a los asesores. Tal tarea parece no ser difícil. Al fin y al cabo, la última palabra le corresponde al propio presidente, más que al primer ministro. Quién mejor que él, en términos prácticos, para decidir lo que más conviene para cumplir y rodearse de gente de su confianza, que le apoyen en la dura función que por voluntad propia y decisión ciudadana hoy tiene.
La segunda medida debe interpretarse como una extensión de lo que hay que hacer en el despacho presidencial. Los ministros están notificados. Tienen que evaluar su entorno más cercano, encontrar desde viceministros y directores, para abajo, a personas honestas y también con méritos suficientes para llevar al país a la anunciada revolución social y modernidad. Aquí la misión no será tan fácil. Dígase lo que quieran, en esos cargos la meritocracia huelga por su ausencia. El tarjetazo o la recomendación del conocido influyente, que necesita infiltrar a alguien que facilite la tramitación de sus expedientes (léase negocios) tiene peso considerable.
La tercera medida, más que un anuncio suena a amenaza. Se trata de una ley que permitirá declarar la “muerte civil” de los corruptos. Eso significa que no podrán volver a trabajar en las dependencias estatales ni en las que corresponden a los gobiernos municipales y regionales. Es necesario precisar que toda ley tiene vigencia a partir de su promulgación. No tiene efectos retroactivos. Si es así, qué pasará, entonces, con los corruptos que hace años hacen de las suyas en cada uno de los Poderes del Estado y en otras instituciones, como el Seguro Social, por ejemplo. El caso del asesor Carlos Morales Chacón, no es el primero ni el único. Hay quienes a estas alturas, a lo mejor, deben estar temblando, si es que aun tienen sangre en la cara. En todo caso el propósito es bueno.
La cuarta medida sí que es comprometedora. Habrá convocatoria de Consejo de Estado. El presidente de la república, la presidenta del Poder Legislativo y el presidente del Poder Judicial serán llamados para dar comienzo a una lucha frontal contra la corrupción. Hasta allí, el anuncio es plausible. Ahora queda saber si el Poder Legislativo, hará suyo el compromiso con la inmediatez que se requiere. Quien preside ese poder del Estado, no comparte la misma visión política del actual gobernante, actúa por camino totalmente diferente. Y algo más, carece de autonomía suficiente. Arriba de ella está quien digita lo que hace y debe hacer el Congreso de la República. Y lo realiza de manera invisible. Sin necesidad de exposición mediática. En cuanto al Poder Judicial, más que seguro que expondrá sus limitaciones, sobre todo de orden presupuestal. La medida podría interpretarse como una forma de hacerle ver a los representantes de los poderes del Estado, que la lucha contra la corrupción es tarea de todos.
Y llegamos a la quinta medida. El gobierno creará la Comisión Presidencial de Integridad. Esta tendrá un plazo de mes y medio para acercar a la mesa de trabajo presidencial un conjunto de medidas legislativas y gestión para enfrentar la corrupción. El jefe de Estado pide celeridad a la mentada comisión. “No hay tiempo que perder” ha dicho. La ciudadanía también espera lo mismo. El problema está, sin embargo, en saber mirar hacia arriba e implorar a quien observa nuestros pasos desde las alturas, que se acuerde que en el Perú, desde antes del nacimiento de la república, la corrupción nos tiene como estamos: en la mayor pobreza moral.