Hoy en día vivimos una crisis de democracia, interpretada esta como una forma de vida política, social y económica, en la cual la sociedad y el Estado tienen como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. La Carta Política refiere lo anterior y subraya que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo alguno.
Esta situación ha hecho que las miradas de la ciudadanía se fijen en el deficiente comportamiento, sobre todo de quienes tienen responsabilidad de gobierno, pero la mirada más fuerte está dirigida hacia el Poder Legislativo. Ha perdido valor moral y a estas alturas, con el fraccionamiento de la mayoría de las diferentes bancadas, resulta difícil hacer un pronóstico respecto a su recuperación ante el sentimiento de nuestra ciudadanía.
La ausencia de una producción legislativa que lleve al país por los caminos del desarrollo, con equidad, con justicia social y paz, es visible. Los constantes escándalos, protagonizados por quienes no tienen los pergaminos adecuados como para llevar sobre sus hombros una representación política, han agotado la paciencia y causan repulsa cívica. Los escándalos, el ocultamiento de hechos irregulares y hasta el blindaje de parlamentarios y otros personajes públicos, que han incurrido en delitos comunes, ha dado origen a la censura abierta de importantes sectores de la sociedad. Tan es así que, inclusive el Cardenal Pedro Barreto, en cumplimiento de su labor pastoral, ha puesto el dedo sobre la llaga, señalando a los integrantes de un pacto no escrito, que forman mayoría en el parlamento, como los culpables de la pésima actuación del Congreso de la República. Me refiero a esa poca santa comunión de fujimoristas y apristas.
Pero los hechos ocurridos en torno a Edwin Donayre, nada menos que General en retiro del Ejército peruano, acusado de robo de gasolina destinada a dicho sector de la Fuerza Armada, sancionado con prisión efectiva por los tribunales de justicia, así como, el correspondiente al ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, han sido las gotas que han rebalsado el vaso de un pueblo paciente y, al mismo tiempo, frustrado que ve en el actual Congreso de la República al primer responsable de la crisis de la democracia peruana. Este hecho demuestra que contra lo que dice la Constitución Política del Perú, todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley.
Las evidencias están a la luz del día. La democracia peruana está lejos de tener la fuerza suficiente para sostener una actitud en la vida social, una filosofía política, una técnica y una forma eficiente de gobierno. Está distante el ideal de contar con una participación ciudadana en el disfrute del bien común, en cuya realización tienen su cuota de responsabilidad y de cuyos frutos derivan su cuota de beneficio.
Me atrevo a pensar que la mayoría de este Congreso desconoce o carece de la capacidad de entendimiento para interpretar el significado de una verdadera democracia como gobierno del pueblo.
Esa mayoría causante de la crisis ya citada, se resiste a reconocer que el pueblo es el sujeto de los actos que son definitivos para su vida y que debe de entendérsele como la libre y viva sustancia del Cuerpo Político, o sea la Sociedad Política, que es un todo orgánico hecho de pueblo.