¡Salvajes! No hay otra forma de calificar a esos animales disfrazados con la piel de seres humanos que habían logrado someter a la más vil de las explotaciones laborales a Jovi Herrera Alania, Jorge Luis Huamán Villalobos y Luis Guzmán Taipe, los tres jóvenes desaparecidos entre las llamas del voraz incendio ocurrido en la mal llamada Galería Nicolini y cuyas edades oscilaban entre los 15 y 21 años. Los tres murieron en unos contenedores de acero, de donde no pudieron escapar porque las puertas estaban cerradas con candados. Los patrones así lo habían decidido para asegurarse que cumplieran jornadas diarias de no menos de diez horas a cambio de un salario de míseros veinte soles.
¡Salvajes! se les tiene que decir a estos explotadores del siglo veintiuno, que habían logrado pisotear los derechos fundamentales de estos tres trabajadores, a quienes no solamente les imponían condiciones infrahumanas, sin derecho a descanso, salvo media hora para comer cualquier cosa, e inclusive carentes de un lugar donde miccionar o atender otras necesidades fisiológicas. De nada valió que ellos pidieran socorro y que los transeúntes advirtieran el llamado porque no habían forma de llegar al lugar de su encierro. La zona, en uno de los pisos superiores del edificio, a esas alturas era un verdadero infierno, inaccesible inclusive para los bomberos.
Ante lo ocurrido, me pregunto: ¿Qué sociedad es ésta en donde vivimos? La tragedia tuvo lugar en el centro de la capital de la república, nada menos. En el mismo centro en donde no muy lejos están las sedes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Municipalidad Metropolitana de Lima y la Defensoría del Pueblo, responsables directos, si se quiere, de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado, según reza en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú.
Más allá de tanta palabra hueca, Jovi Herrera Alania, Jorge Luis Huamán Villalobos, Luis Guzmán Taipe, han muerto, como unos verdaderos mártires, en una sociedad que, ni por asomo, se preocupa por la dignidad de los seres humanos que la integran. Para ellos no habrá homenaje alguno, mucho menos bronces u otros monumentos, que nos hagan recordar cuán brutal somos como personas, tan incapaces, que ni siquiera podemos hacer funcionar bien a las instituciones que nosotros mismos hemos creado.
Está demás, pienso, que con hechos como éstos, que se repiten en múltiples escenarios en la capital de la república y peor en las provincias del territorio nacional, estemos predicando que una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Años atrás murieron más de 200 personas en Mesa Redonda, a causa de otro incendio. La justicia brilló por su ausencia y siniestros como éstos se repiten ahora, sabiendo de antemano que declaraciones de los políticos de turno y algunos pretendientes a reemplazarlos, no sirven para nada. ¿Han podido advertir cómo Luis Castañeda Lossio, el alcalde de Lima, ha pretendido eximirse de toda responsabilidad, inclusive mintiendo y echándole la culpa de la colocación de contenedores en zona prohibida a alguien ausente? De esa catadura moral son muchas de las autoridades que tenemos y que hacen imposible que podamos convivir como seres civilizados.
¡Ahh, pero si la trata de personas con fines de explotación, está sancionada por la ley! ¡Que la Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio 29, condena ésto! ¡Que el Código Penal, artículo 153 respecto a los menores de edad, y 168.B en cuanto a los trabajadores en general, sanciona con severidad tales atropellos de lesa humanidad! reclamará más de un ingenuo. ¡Tonterías! La explotación de las personas que carecen de fortuna, más aún cuando la necesidad les obliga a buscar el derecho al pan diario que requiere su familia, es una vieja costumbre en esta sociedad. La justicia para los pobres no existe. No hubo ayer, menos hoy en día. Los jueces prevaricadores no faltan. Allí están como buitres, volando alto, en espera de la carroña que les pondrán a su alcance, quienes pueden alimentarlos. Los funcionarios encargados de fiscalizar estos desmanes, son tan corruptos como los de antes. Se hacen de la vista gorda, porque saben que el poderoso que ha incurrido en delito, les calentará las manos con billetes mal habidos.