El Poder Judicial está bajo los reflectores. Todo el país está descontento y es ácidamente crítico con sus resoluciones y sentencias. Dentro del clima de armonía y diálogo que Martín Vizcarra se empeña en instalar en el país -en la búsqueda de la estabilidad que le permita conseguir los objetivos trazados- jueces y fiscales parecen ir a contracorriente. Juegan en pared con un Congreso que ha perdido credibilidad después de los kenyivideos instigados por Fuerza Popular. Los hermanos Fujimori han demostrado poca fraternidad y nada de escrúpulos para sacarse recíprocamente del camino. Kenyi a punto de ser desaforado y Keiko con su aprobación disminuida. A lo que se agrega que todas las bancadas, salvo honrosas excepciones, están bajo sospecha de corrupción lo que hace que las turbulencias se afinquen en el Parlamento al cual llegará el 2 de mayo el gabinete Villanueva para pedir el voto de investidura.
En el sistema judicial se multiplican las incoherencias que generan desconfianzas absolutas. En especial en asuntos que tienen que ver con la política activa, con la corrupción, el terrorismo o la delincuencia, que flagelan a la sociedad. En todos estos frentes abundan ejemplos de decisiones judiciales inexplicables o donde la sospecha de la prevaricación o el pago bajo la mesa están presentes. La justicia que tenemos es el flanco más débil e inoperante de la democracia que queremos preservar. No exhibe ni independencia ni consecuencia, es insuficiente, parcial, sesgada o politizada cuando no corrupta.
El juez virtuoso que se basa en méritos, que exhibe criterio autónomo y credibilidad ganada decisión tras decisión no existe en nuestro país. No lo vemos. Más bien se ven -con honrosas excepciones- magistrados que son la antítesis del modelo que necesitamos.
La politización de la justicia es la mayor debilidad que debemos enfrentar. El poder de jueces y fiscales para actuar sobre su contraparte legislativa y ejecutiva es real pero no responde a ninguna legitimidad, más bien se generaliza peligrosamente el rechazo a sus desaciertos. Y con ello la urgencia de una reforma que hasta ahora ha sido históricamente esquiva o imposible.
En el 2004, Hugo Sivina, como Presidente de la Corte Suprema intentó con un Pacto por la Justicia llevar adelante una reforma a partir de audiencias en todo el país. Tuvimos el honor de acompañarlo junto a Raúl Ferrero, Diego García Sayán y Marcial Rubio y de constatar el ferviente reclamo de cambio de la justicia.
Han pasado casi quince años y jueces y fiscales siguen ejerciendo mal su poder sin contrapoder ni limitaciones. El asunto es quién podrá ponerle el cascabel al gato.