Los más recientes acontecimientos giran en torno a una lucha entre el bien y el mal. No es un combate reciente. Viene de tiempos muy lejanos. La diferencia está en que ahora la ciudadanía tiene un mayor conocimiento de lo que ocurre en el país, sobre todo de lo mal que se ha venido administrando los bienes del Estado, pero también de los actos lesivos perpetrados por determinados actores del poder económico. Habría que sumar a ello la presencia de una nueva generación de juristas, dueños de una nueva mentalidad y que han asumido, sobre todo, su rol fiscal con una responsabilidad inédita.
Lo que viene sucediendo en el país trae a la memoria aquella frase de Manuel Gonzales Prada: “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”. Una verdad innegable. Pero que no recibió la acogida que requería por parte de quienes tenían responsabilidad de gobierno. Frase centenaria que quedó solamente para el recuerdo y que ahora podría tener otro destino. Nos alienta la utopía y la esperanza. El hecho mismo que varios expresidentes de la república, se encuentren bajo la lupa de la justicia y con medidas de restricción, es algo que sustenta esta actitud de cambio y que augura un tiempo mejor en la administración de justicia.
El episodio protagonizado por Alberto Fujimori y su encarcelamiento por haber cometido delitos de lesa humanidad, podría considerarse el inicio de este nuevo amanecer. Los episodios que involucran a Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, son la continuidad de la misma saga. Lo acontecido con Pedro Pablo Kuczynski, en estos momentos con detención preliminar, dice mucho que hoy por hoy se mide con el mismo rasero a todos por igual.
Esta lucha, sin embargo, corre peligro. En su reciente mensaje a la Nación, el presidente de la República, Martin Vizcarra, ha expresado que la decisión de impulsar reformas políticas, judiciales y tributarias, ha ocasionado ataques sistemáticos de “grandes intereses y grupos de poder”, contra él y su gobierno. Algo más, ha citado que el sistema político atraviesa una grave crisis y que como una forma de salir de ella, el gobierno ha presentado ante el Congreso doce proyectos de reforma que tienen por finalidad de contar colectividades partidarias más representativas y trasparentes, así como, también, alcanzar un ajuste al mecanismo de la inmunidad parlamentaria, que evite “pactos de complicidad”.
Más claro que el agua no se puede hablar. La respuesta de quienes abierta o sutilmente se oponen a tales reformas, ha sido inmediata. No faltan quienes , sin embargo, dicen que el gobierno de Vizcarra está languideciendo. Que la verdad a tal aserto se escuda en las encuestas y de mano con el resultado de ellas se afirma que la voz del mandatario ya no tiene valor. El comentario llega al extremo de afirmar que la lucha anticorrupción, que diferencia al régimen con la oposición, ha cumplido su ciclo.
Debemos entender, entonces, que el gobierno no debe continuar en la lucha contra la corrupción. Creemos que esto no es así. Al contrario, estamos entre quienes consideran que esa lucha debe profundizarse. Además de la presencia del Poder Ejecutivo, también debe estar en la misma vanguardia el Poder Judicial. Las recientes imputaciones a los congresistas Javier Velásquez Quesquén, del Apra, Clemente Flores Vilchez, de Peruanos por el Cambio, Marvin Palma Mendoza, de Cambio 21, Cesar Vásquez Sánchez, de Alianza para el Progreso y de Carlos Bruce, de Peruanos por el Cambio, a quienes se les acusa de haber tenido participación en el caso “Los Temerarios del Crimen”, caso que está relacionado con la organización criminal, encabezada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien, conforme a lo investigado por la Fiscalía de la Nación, promovía la obtención de proyectos estatales a cambio de sobornos, es una muestra de lo mucho que hay que hacer para, no digo acabar, sino por lo menos atenuar tan perversa actividad. No he mencionado al Poder Legislativo, debido a que salvo honrosas excepciones, ahí está casi todo podrido.