Muerte civil a los que no declaren el financiamiento electoral y su uso es una de las propuestas del Premier Villanueva. Una forma de enfrentar la ola de corrupción ligada al dinero recibido para las campañas. Y aunque la reforma electoral no tiene consenso parlamentario es el tema central. No solo la corrupción, también la representatividad está en juego y la confianza en la democracia, en los gobernantes y en las instituciones. Impedir que todo dinero de procedencia dudosa o criminal contamine la política y la elección de gobernantes y representantes. Para ello hay que equilibrar el acceso a los recursos y hacer transparente el sustento económico de partidos y candidatos.
Estamos ante la madre del cordero. Las dudas son excesivas. Solo hay una certeza y es que las elecciones en nuestro país las domina el dinero. Los ciudadanos saben que quedan fuera si no tienen recursos para solventar campañas y en este objetivo los candidatos se hipotecan financiera y éticamente. Y los medios contribuyen a esta percepción porque todo recurso electoral llega a sus arcas empresariales.
Las prioridades están claras, toca definir si el financiamiento debe ser público o privado, directo o indirecto. El primero es la transferencia de dinero con un monto común para todos o proporcional según algún criterio como puede ser la cantidad de votos o los escaños obtenidos. El financiamiento indirecto puede ser la cesión de espacios en los medios, algún tipo de exención impositiva, etc. El financiamiento privado es el de mayor riesgo. Se infiltran los capitales del crimen organizado, de la corrupción, del narcotráfico, etc. Poner límites y/o prohibir donaciones privadas sobre instituciones o individuos extranjeros, contratistas del Estado y en especial las de fuentes anónimas. Países europeos como Francia limitan el financiamiento privado al mínimo. Esa es la vía a explorar junto al acortamiento de las campañas electorales. Ojalá.