Una de las principales preocupaciones que lleva sobre sus hombros la juventud peruana, constituye la ausencia de empleo digno. Aquel que le permita un ingreso económico decoroso y condiciones sociales acorde con la dignidad que le corresponde como persona humana. El problema no es nuevo, pero a lo largo de las últimas décadas se ha ido agudizando. Lamentablemente las iniciativas hechas saber a la opinión pública, han fracasado. Y no solo eso, en su momento dieron lugar a manifestaciones de protesta de los mal llamados “pulpines”, por cuanto lejos de regular las oportunidades de trabajo, escondían entre letras un agravio sin nombre a la juventud trabajadora, por su carácter explotador.
Me pregunto si los ahora candidatos al nuevo Congreso de la República estarán en capacidad de encontrar solución legal a tan difícil situación. En estos días se advierten promesas y más promesas. Pero de ahí al hecho, tengo mis dudas. Por eso iniciar una reflexión acerca de la política de empleo, cuando estamos viviendo una etapa de ajuste estructural, resulta siendo más que indispensable, porque habría que discurrir acerca de uno de los instrumentos de políticas sociales compensatorias que deberían desarrollarse para contener los impactos negativos del ajuste sobre el empleo.
Esta sería uno de sus componentes, si se tiene en cuenta que la política de empleo se enfrenta en su integralidad, debido a que es una de las vertientes de la política social, al mismo tiempo que lo es de la política económica.
Un recuento del estudio nos aconseja que habría que pensar en las condiciones de contratación, la formación profesional, los requerimientos de mano de obra por sectores productivos, la inserción de segmentos de trabajadores portadores de características particulares (edad, sexo, calificación, movilidad, servicios de colocación laboral, sean públicos o privados), todos componentes que definen una política de empleo, sabiendo de antemano que esos aspectos no pueden ser independientes de la política económica. Por el contrario, la ejecución de cualquiera de los aspectos mencionados está indisolublemente ligada a las condiciones generales del funcionamiento económico.
Aquí hay que hacer una advertencia, ante los riesgos de quienes se oponen a reconocer que lo social es la clave del desarrollo humano. Esta advertencia consiste en aceptar que la posibilidad de realización de una política de empleo está condicionada, en primer lugar, por la decisión de los organismos del Estado, en especial del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, en capacidad de destinar recursos para tal fin y, en segundo lugar, por el andar general de la economía que brinde los recursos. En pocas palabras que se sepa desde ahora que las condiciones económicas y políticas son las que originan aquella posibilidad.
Es menester en ese mismo propósito, señalar que en esas condiciones y considerando el trabajo humano constitutivo de la integración social, se deberían diseñar acciones que respondan a la diversidad de situaciones que se configuran en el mercado de trabajo. Pero esto exige una política de empleo que tienda a la reinserción o reubicación profesional de los distintos sectores a las que va dirigida y a dar respuesta a la variedad de problemas que se configuren: El desempleo de corta y larga duración, la ubicación precaria en el sistema de relaciones laborales, la inadaptación o inadecuación profesional en función de modificaciones en la estructura productiva.
La relevancia del tema del empleo digno ojalá sea motivo de interés y, sobre todo, de decisión parlamentaria en este año 2020, que la juventud espera con grandes esperanzas.