La lucha contra la corrupción es un clamor y los detalles llaman a la indignación. Pero también puede concitar ambiciones de protagonismo y sobreexposición mediática. El vendaval Lavajato ha dejado víctimas en los países de la región en especial en Brasil, cuna de la megacorrupción que remece gobiernos y sociedades. En nuestro país ya tenemos un ex presidente y una ex primera dama en la cárcel y otro con orden de captura que en algún momento irá también a prisión.
Las garantías del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia se refieren a una justicia que implica un conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos asumidos por profesionales de las leyes, con formación suficiente, difíciles de ser entendidos por legos en principios y prácticas del derecho. Sin embargo de un tiempo a esta parte las audiencias son los jueces y ante ellas se ventilan aspectos reservados o de confianza para ganar primeras planas.
La sobreexposición mediática es una tentación para quienes hacen de la tarea de la justicia un trampolín político que puede llevarlas, como sucedió con la congresista Yeni Vilcatoma, a un cargo de representación política. Convocar cámaras puede redituar fama a presuntos paladines de la anticorrupción pero no beneficia al Estado que a todas luces resulta afectado por una guerra entre las procuradoras y el Ministerio de Justicia.
Existe la reserva y la confidencialidad para garantizar buenos resultados que se echan por la borda cuando se sale a denunciar públicamente procedimientos en trámite. Cuenta también la confianza y la buena fe con la que deben actuar los funcionarios del Estado, más todavía en temas tan delicados.
La Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello ha ejecutado una decisión de estado respecto al trabajo que venían cumpliendo las procuradoras. La responsabilidad del sector es de ella y es quien asigna tareas y pone término a los encargos. La grita mediática no tiene sentido porque ningún cargo es eterno y siempre está sujeto a evaluación.
Puede ser que la doctora Julia Príncipe y las procuradoras ad hoc tengan razón en lo que dicen, pero no deben pretender ganar con la denuncia pública que traslada a las audiencias el conocimiento y la definición de los casos que han asumido. La confrontación con sus empleadores no tiene ningún sentido. Su autonomía no puede ser absoluta, tiene límites y no significa que se presuman islas de decisiones jurídicas o políticas frente al Ejecutivo que las contrata.
Afirmar que sin ellas terminó la lucha contra la corrupción o que Odebrecht definió que salieran de sus puestos o acusar gratuitamente al Primer Ministro o al Presidente de la República, como reacción a su despido laboral, es desestabilizar al gobierno y dar una mala instrucción moral. Son funcionarias obligadas a la reserva y a la confidencialidad para garantizar resultados. No hay que fomentar conciliábulos cómplices pero si respetar procedimientos.
Ojalá su cambio sea positivo y lo será si toman la posta funcionarios experimentados y responsables que continúen su labor con probidad, eficiencia y reserva. Que a los problemas que ha generado Odebrecht no se agreguen los enfrentamientos y desencuentros que buscan figuretismos y no ayudan para nada al objetivo superior. Puede haber discrepancias legítimas pero hay espacios donde procesarlas y obtener resultados que el país agradecerá. Estos espacios no son las conferencias de prensa ni las cámaras.
Una guerra mediática es siempre sensacionalista, pone arbitrariamente a las audiencias a decidir altos asuntos del Estado y propicia difundir imputaciones sin pruebas. Más allá de los egos dolidos o de las soberbias individualistas que impiden reconocer errores los procuradores son solo abogados del Estado que reportan al titular del sector.