El desastre político protagonizado por la extinta mayoría parlamentaria, integrada por el fujimorismo y su furgón de cola, conformado por apristas, ex ppkausistas, además de keikistas oportunistas, sin dejar de lado a los subalternos de César Acuña, debe interpretarse como un episodio ingrato de quienes llevados por la soberbia, la ignorancia y la falta de sensatez, han hecho mucho daño a la democracia peruana. El desconocimiento de una elemental interpretación del derecho constitucional, alentada por hilos invisibles que quieren mantener al país como una hacienda propia, explica en gran parte lo ocurrido. Ojalá que nunca más se vuelva a repetir.
Nada de esto hubiera sucedido si esa extinta mayoría, con presencia inocultable de personas desprovistas de formación política, aceptaba las reglas de juego provenientes del Poder Ejecutivo. Bien se pudo otorgar el voto de confianza solicitado por el Gabinete Ministerial Del Solar, antes de dar inicio a la plenaria del reciente lunes 30 de setiembre; bien se pudo aprobar lo planteado por el mismo Poder Ejecutivo para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pero faltó inteligencia en esos 87 votos que dieron lugar a la medida constitucional de disolver el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque quien podía variar la nómina de candidatos presentada para su aprobación en el parlamento y que tenía olor a un interesado favoritismo, que buscaba amparar el insaciable hambre de poder político del fujimorismo y de su furgón de cola, justamente era esa extinta mayoría. Para el caso se debió tomar en cuenta que existen numerosos personajes dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional, siempre y cuando convenga a sus intereses personales o de grupo. Sin embargo, no se tuvo capacidad para pensar ello. Ahora es muy tarde. Optaron por interpretar con criterios equivocados el mandato constitucional, que dígase de paso, no es patrimonio de ellos ni de constitucionalistas que tienen una visión equivocada de la realidad política nacional.
No merece tratarse más la desairada actuación de Mercedes Araoz, quien repetidas veces reclamó confianza de parte del presidente Vizcarra y cuando este se la dio, no trepidó en traicionar a quien le había confiado asuntos importantes de gobernabilidad. Ahora tiene el cargo de presidenta en funciones, otorgado por una mayoría extinta de parlamentarios, que no tiene ningún valor constitucional. Tampoco vale la pena hablar Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, persona que, posiblemente, sabe mucho de piscos y de vinos, pero que tiene una mentalidad propia del hacendado prepotente y cuyo recurso discursivo no es otro que el de dar lectura a los textos preparados por la mayordomía que está a su servicio. Olaechea persiste en cometer errores tras errores. Ha salido a decir, más allá de las fronteras patrias, lo que solamente sus allegados comparten, inclusive a instituciones como la OEA, sobre un supuesto golpe de estado. La respuesta ha sido contundente. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos le ha dicho a este peculiar ciudadano y a toda la clase política que es menester que se proceda con las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 26 de enero del 2020. Es un paso constructivo realizado conforme a los plazos constitucionales señala el alto organismo supranacional y es más, le hace recordar a unos y otros “que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva en las urnas”, finalizó.
Lo anterior significa que el país camina hacia la recuperación de su vida democrática, por la participación decisiva de la ciudadanía, la misma que tiene la extraordinaria oportunidad de elegir a personas que se entreguen a la causa nacional de construir una sociedad más justa y más digna, ajena a los intereses de quienes solo piensan en su bienestar personal, dejando de lado la razón fundamental de la acción política, esa acción donde toda persona humana tiene derecho a tomar parte en el gobierno de su país, mediante la vía constitucional en la que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del gobierno.
Resulta importante señalar que la estructura democrática, exige que se asegure a todos los ciudadanos los medios de manifestar su opinión e influir en la dirección de la vida pública. Esto significa que se asegure una estructura democrática a los partidos políticos, que no sean financiados por la coima ni la corrupción. Pero sobre todo, que asegure a las organizaciones sociales y populares, el derecho de opinar sobre programas y candidatos. No se debe traicionar el pensamiento y los anhelos de justicia social de todo un pueblo, que rechaza con energía a políticos corruptos y a los improvisados en tan noble quehacer cívico.