Los gobernantes corruptos, una historia de nunca acabar

 

El país afronta uno de los episodios más ingratos de su vida republicana. Un viejo mal: la corrupción, corroe sus entrañas. Todo indica que afronta un cáncer moral que puede desestabilizar su frágil estructura legal. La dimensión de la perniciosa enfermedad no se conoce todavía, pero muchos creen que podría traer por los suelos la posibilidad de encarrilar su existencia por las mejores vías de la democracia. Adelantar juicios sobre lo que vendrá, sin embargo, sería pecar de apresurado. Todo depende de lo que hagan quienes tienen que salvar al paciente. Éste no está desahuciado. Contrariamente a la actitud de los más pesimistas, lo que está ocurriendo podría brindarnos la oportunidad trascendental para cambiar de raíz hábitos, costumbres, medios y, de esa manera, transformar en definitiva la forma de hacer política salvaguardando el bien patrimonial de la patria. Tarea titánica que hay que exigir no puede estar en manos de curanderos ni chamanes y menos de los que por adelantado se aprestan a ser cómplices de las malas andanzas de los autores de estos crímenes que tiene mucho de traición a los anhelos de un pueblo que sueña con una vida más decorosa.

El serio problema creado por la empresa Odebrecht con la complicidad de gobernantes que no merecen llamarse peruanos, a la fecha tiene todas las características de una catástrofe, a tal punto que hasta el psicoanalista Max Hernández, conocido por su ponderación, ha llegado a exclamar que la revelación está provocando un sismo cuyos alcances son de temer porque sus réplicas se van ver a lo largo del año. “Un gigante como Odebrecht que parecía llenar de orgullo a América Latina, capaz de ejecutar proyectos hasta en los Estados Unidos, resulta que se basaba en sobornos” ha dicho para graficar su indignación. Indignación que crece al mencionarse que desdibuja la actuación mala o regular de regímenes como los de los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, sin descontar lo que podría haber ocurrido durante los largos años de la autocracia de Alberto Fujimori.

¿El descubrimiento de estos felones, el de sus secuaces, está garantizado? No se sabe. Personas que tienen experiencias en estos trajines tienen dudas. César Azabache, abogado penalista que integró el equipo de Procuraduría Anticorrupción que investigó a Fujimori y su codelincuente Vladimiro Montesinos, es uno de ellos. Ha puesto el dedo en la llaga. Tomando como ejemplo lo ocurrido en hechos penados por la ley en el año 2001, que involucraba a los dos reos ya citados, advierte que hay en el país un sistema que permite al Poder Legislativo abrir comisiones investigadoras para asuntos de interés público, sin que la Constitución Política del Estado le ponga límites a las prerrogativas que tienen respecto a las que al mismo tiempo tiene el Ministerio Público. De esta manera, el jurista aboga porque la comisión congresal se aboque a establecer las responsabilidades políticas, dejando que el Ministerio Público haga lo suyo: establecer las responsabilidades penales.

Entre quienes consideran que lo ocurrido puede servir para superar lo malo y encaminar al país por otros rumbos, está el presidente del Consejo de Ministros. Fernando Zavala, con otra visión de la realidad en razón del cargo que ejerce, ha citado que el caso Odebrecht ha comenzado a visibilizar la magnitud que ha alcanzado el problema de la corrupción en nuestro medio. Según él, el conjunto de decretos legislativos aprobados en esta materia, dentro de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, son de particular importancia y están enfocados en tres ámbitos: prevención, persecución y sanción y reinserción. La primera -puntualiza- es la más poderosa. Por ello, se han realizado 40 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado. A partir de ahora, las empresas, sus accionistas o vinculadas, no volverán a contratar con el Estado cuando haya una condena o cuando exista reconocimiento de actos de corrupción. También se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Respecto a la sanción, se ha reforzado la autonomía de la Procuraduría General del Estado para que ningún gobierno interfiera en su labor, sin dejar de mencionar la aprobación de la muerte civil, para que ningún funcionario corrupto vuelva a trabajar en el Estado.

La lista de medidas legislativas contra la corrupción es amplia y seguro que ha dado lugar a una intensa labor en el Ejecutivo. Pero, ¿habrá una actuación feliz para ponerlas en práctica o sucederá lo mismo de lo hecho en gobiernos bien intencionados, que no fueron capaces de desterrar un mal que tiene sus raíces en tiempos del virreinato? Roguemos que no se repita la misma historia. Esa historia que nos hace recordar cómo eran las ganancias ilegales e indebidas del virrey, las ganancias irregulares y abusivas exprimidas por los titulares e interinos de cargos venales como los de gobernador, corregidor y oidor, ineficiencias administrativas ligadas a la corrupción como el retraso interesado en el cobro de deudas y el descuido en la supervisión y el mantenimiento de las minas, además, entre otras, las pérdidas debido al contrabando. Esa historia a la que se tituló “saqueo patriótico” y que hizo que al no contar con recursos financieros, los líderes y caudillos militares que apoyaron a la causa emancipadora abusaran de la expropiación, las corruptelas y el crédito externo e interno en nombre de la causa patriótica, hechos que involucraron a personajes que actuaron bajo la sombra de San Martín y Bolívar, como el caso de Bernardo Monteagudo, Juan Pablo Santa Cruz, Agustín Gamarra, dentro de una larga lista, que hicieron que Hipólito Unanue, ministro de Hacienda de Bolívar, hiciera notar su preocupación por los excesos y el caos fiscal. Todo eso, sin dejar en el olvido, los enormes saqueos en tiempos de Leguía, Sánchez Cerro y su compinche Ricardo Guzmán Marquina, y Manuel A. Odría, quien dio un golpe de Estado para “restaurar” y “rescatar” la política peruana de la inestabilidad extrema y del conflicto interno, tal como relata Alfonso W. Quiroz, en su obra ” Historia de la Corrupción en el Perú”.

Podemos concluir que para bien o para mal, la historia se repite. Por tanto, una plegaria no estaría demás en estos cruciales momentos, para tratar de sacar al país de la canalla integrada por malos gobernantes, que lamentablemente, se reinventan generación tras generación.