Este artículo forma parte de una cobertura especial de IPS sobre la esclavitud y la trata de personas en el mundo, apoyada por el Grupo Riana.
Mujeres adolescentes recolectan tomate en una finca del estado de Sinaloa, en el norte de México. Es en esa parte del país donde los jornaleros agrícolas, la mayoría migrantes temporales de los estados del sur, trabajan en condiciones de explotación y con graves violaciones a sus derechos. Crédito: Cortesía del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos
MÉXICO, (IPS) – “Llevan a los trabajadores con engaños, les dicen que les pagarán bien y les pagan mucho menos. Los enganchadores (reclutadores) y los empleadores los engañan”, denunció Marilyn Gómez, una jornalera agrícola de México.
La también integrante de la cooperativa no gubernamental Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerró Nublado, madre de dos niñas, relató a IPS que además los recolectores están obligados a comprar en las tiendas de sus empleadores, “porque no pueden salir” de la finca y “en ellas todo lo venden carísimo”.
“No hay seguridad social, no hay contratos, trabajamos jornadas larguísimas. Se aprovechan de la necesidad de la gente”, dijo Gómez, que ahora tiene 27 años y a los 13 ya acompañaba a su familia a los campos del norteño estado de Sonora a recolectar uva y hortalizas.
La jornalera, quien ha trabajado enferma y muchas veces más de 12 horas consecutivas por unos pocos dólares, empezó a laborar en los cultivos un año después y sus manos han exprimido esas siembras en el poblado de Miguel Alemán, parte del municipio de Hermosillo, a unos 1.600 kilómetros al norte de Ciudad de México.
Este testimonio ilustra las condiciones en las que laboran los jornaleros, quienes proveen de cuantiosos réditos a sus empleadores y quienes ponen hortalizas en la mesa de los consumidores mexicanos y estadounidenses.
Suelen ser campesinos que migran temporalmente o permanentemente desde los estados del sur para trabajar en cultivos de exportación en entidades del centro y el norte del país.
Su viacrucis diario incluye violaciones a derechos laborales, a la vivienda, a educación, a salud y a alimentación sana, y carecen de contratos, condiciones adecuadas de trabajo, seguridad social y pago de horas extraordinarias.
Así constata el informe “Violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas en México”, lanzado el 21 de marzo en Ciudad de México por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, en la que participa Gómez como activista.
En México, los jornaleros son las víctimas mayoritarias del trabajo esclavo o forzado, coinciden este y otros estudios locales e internacionales. La Red Nacional, integrada por organizaciones de trabajadores, indígenas y académicos, ha identificado casos de explotación laboral, trata de personas y trabajo y/o servicios forzados.
La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de 2017, ubicó en 2,9 millones los jornaleros, mientras que el estatal Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ubicó esa cifra en 1,54 millones, más 4,41 millones de familiares que los siguen en su desplazamiento. El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia desde el 1 de diciembre, suprimió el plan y no ha definido aún como se sustituirá.
Contexto regional
En el continente americano existen 1,95 millones de esclavos, cinco por ciento del total mundial, según el Índice Global de Esclavitud 2018, elaborado por la no gubernamental Fundación Walk Free, con su sede en Australia.
El trabajo forzado representa 66 por ciento y las personas, especialmente mujeres, en matrimonio impuesto, 34 por ciento. La región tiene, en promedio, una prevalencia de 1,9 personas bajo esclavitud moderna por cada 1.000 habitantes. La vulnerabilidad ante ese yugo se ubicó en 41 por ciento.
Las deudas encadenaban a un tercio de trabajadores forzados, mientras que la región de América Latina y el Caribe representó cuatro por ciento de todas las personas bajo explotación laboral en el mundo.
Mientras Haití, Venezuela y República Dominicana presentaron la mayor prevalencia, Brasil, México y Colombia registraron los mayores niveles absolutos de personas en situación de esclavitud.
En la mayor potencia latinoamericana, Brasil, con una población de 208 millones, de 369.00 personas padecían esa condición, lo que representa 1,8 por 1.000 habitantes.
En México, la segunda economía regional y con 129 millones de habitantes, quienes sobrevivían en condición esclava eran 341.000, o 2,71 por 1.000 personas, mientras que en Colombia, la cuarta economía regional y con 45 millones de habitantes, la cifra alcanzaba los 131.000, o 2,7 por cada 1.000.
La esclavitud moderna abarca modalidades como la trata de personas, trabajo forzado, servidumbre por deudas, matrimonio impuesto o servil, y explotación sexual comercial, según la Fundación Walk Free.
Para Mayela Blanco, investigadora del no gubernamental Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, predominan entre los jornaleros mexicanos condiciones de vulnerabilidad para caer en trata con fines de explotación laboral.
“Hay una cadena de reclutamiento en la que los enganchadores les ofrecen trabajo, un adelanto de dinero para que la gente entre en una relación más estrecha, pero no hay contrato. En algunos lugares, no les pagan hasta el fin del periodo de trabajo”, señaló a IPS la integrante de la organización mexicana.
Los estudios sobre este flagelo en el campo mexicano crecen, sin que haya mejoras para los jornaleros.
La “Lista de bienes producidos con trabajo infantil o forzado 2018”, elaborada por el estadounidense Departamento del Trabajo, consigna reportes sobre personal “forzado a trabajar en la producción de ají en México”.
“Muchas de las víctimas denuncian el reclutamiento por intermediarios que mienten a los trabajadores sobre el tipo y condiciones del trabajo, salarios, horarios y condiciones de vida”, subraya el documento.
Estos casos ocurren en pequeñas y medianas explotaciones de ají y tomate en estados del norte como Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, el occidental Jalisco y el nororiental San Luís Potosí.
El informe denuncia que “algunos trabajadores laboran hasta 15 horas diarias bajo amenaza de despido y reciben sueldos por debajo del mínimo o ningún pago.
Mientras, añade, otros enfrentan un endeudamiento creciente con tiendas de las empresas que a menudo inflan los precios de sus productos, “obligando a los empleados a comprar a crédito y así limitan su capacidad para abandonar las granjas”.
Se trata de la repetición de las llamadas “tiendas de raya” que funcionaron en México a finales del siglo XIX e inicios del XX, ubicadas junto a fábricas y haciendas y donde los trabajadores estaban obligados a comprar sus productos básicos.
En la lista estadounidense aparecen también productores de ganado y maní de Bolivia, de textiles y madera de Brasil, y de nueces y madera de Perú.
Washington veta el ingreso de esos bienes si implican trabajo forzado, bajo la Ley de Facilitación del Comercio y de Aplicación del Comercio, vigente desde 2016 y basada en una vieja la Ley de Tarifas, de 1930.
Desde 2015, la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido al menos seis recomendaciones por violaciones a derechos de los jornaleros, en lo que son propuestas sin obligatorio acatamiento.
En una de ellas, emitida en 2018 por violación de varios derechos humanos por trata de personas, como trabajo infantil en la modalidad de trabajo forzado, la Comisión mexicana puso en evidencia los abusos en contra de al menos 62 jornaleros pertenecientes al pueblo mixteco, entre ellos 13 adolescentes.
El grupo indígena, originario del central estado de Guerrero, recogía pepino en el municipio de Colima, en el occidental estado homónimo.
El 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el que promueve el trabajo decente, establece entre sus metas la ejecución de medidas “inmediatas y eficaces” para erradicar el trabajo forzoso, desterrar las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
A pesar de algunos avances y los compromisos internacionales asumidos, América Latina y el Caribe es tibia en la lucha contra el flagelo.
El Índice Global de Esclavitud calificó a la región con “regular” e indicó que Argentina, Chile y Perú mejoraron su estatus en comparación con 2016, mientras Brasil, México y los países centroamericanos se mantuvieron igual.
Para la investigadora Blanco, se ha normalizado la situación de los jornaleros y no se asumen como víctimas. “Corren el riesgo de quedarse sin trabajo. No hemos visto una respuesta de las autoridades”, señaló.
Gómez, quien todavía sigue trabajando como recolectora pero ahora en condiciones dignas, pidió la intervención del gobierno. “Las instituciones no hacen lo que les compete, pedimos que actúen y velen por nuestros derechos”, demandó.
La Red Nacional planteó recomendaciones como un padrón de empleadores, la vigilancia de las condiciones laborales, un programa integral de atención y un censo de jornaleros.
Edición: Estrella Gutiérrez