La captura del escurridizo mafioso brasileño, Eduardo Aparecido de Almeida (a) Pisca en una lujosa residencia en Asunción, Paraguay, puso al descubierto la extensa red del narcotráfico en el Triángulo Dorado donde convergen las rutas de la cocaína procedentes del Perú y Bolivia.
Aparecido es el segundo mafioso en jerarquía del Primer Comando de la Capital (PCC), poderoso cartel de drogas que disputa con el Comando Vermelho la hegemonía en el narcotráfico hacia Europa y Asia, por lo que su arresto permitió confirmar la aparición de esta nueva transnacional de la cocaína.
Eduardo Aparecido de Almeida, fue detenido la semana pasada durante un allanamiento en una lujosa residencia que custodiada por un policía en actividad , quien también fue arrestado.
El mafioso de 39 años, estaba requerido por la Justicia brasileña por narcotráfico, pero en Migraciones de Paraguay no consta ningún registro de entrada y que disponía de una cédula falsa de identidad, por lo que no se descarta expulsarlo para ser entregado a las autoridades brasileñas,
De acuerdo con las autoridades brasileñas, el PCC, que nació en las prisiones de Sao Paulo, ya actúa en prácticamente en todo Brasil y su número de integrantes saltó en los últimos cuatro años en casi seis veces, desde unos 3.000 en 2014 a cerca de 20.000 en 2018.
Pese a que la gran mayoría está concentrado en Sao Paulo, con unos 11.000 integrantes, los tentáculos de la organización al parecer se extienden a países como Paraguay, Bolivia, Colombia, Guayana y Perú.
A la conexión clandestina de avionetas entre Bolivia y Perú la conocen las autoridades antinarcóticos de ambos países como el puente aéreo.
La conexión con el VRAEM
La cadena Univisión comenta que en esa expresión hay una reconocimiento involuntario de que no se trata de casos aislados sino de una operación continua y desafiante de exportación de cocaína ante la mirada impotente de quienes quieren detenerla.
Señala claramente que “la impotencia del lado peruano tiene que ver con dos problemas: la inexistencia de radares en la zona y la falta de recursos de la policía antinarcóticos”.
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Para entender las dimensiones de ese puente en junio de 2015 la policía antinarcóticos del Perú consiguió que la Fiscalía de la Nación les autorizara la operación especial “Ave Enjaulada”.
En ese momento conocían del trasiego de droga en las cuencas de los ríos de la zona, pero no su intensidad. En los dos años siguientes, tres fiscales coordinaron una exhaustiva investigación para comprender cómo operan los vuelos desde la selva peruana hacia los grandes mercados internacionales de Brasil, Europa y Estados Unidos.
Un informe policial de septiembre de 2017 obtenido por Univision Investiga detalla sus hallazgos.
Actualmente la zona de la selva peruana conocida como VRAEM, donde confluyen los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, funciona como un gran aeropuerto clandestino controlado por una red de al menos 42 personas identificadas con nombres, apodos y fotografía, que cumplen las funciones de “coordinadores de embarques aéreos de droga”.
Según las autoridades, el puente aéreo entre Bolivia y Perú se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
Un enjambre de flechas dibujadas en el informe policial ilustra el tráfico en la zona: un ir y venir de avionetas que aterrizan en pistas cortas de pantanos y zonas selváticas. Una vez allí, un grupo de mochileros que trae la carga de pasta de coca sobre los hombros, llena las avionetas, saca el pago por el viaje –que trae el piloto– y el avión despega nuevamente.
La evidencia recopilada durante esta investigación, sobre la cual informó inicialmente IDL Reporteros de Perú, incluye fotos de bidones de combustible abandonados en medio de la sierra, cocaína, escopetas, teléfonos satelitales y radios.
Las autoridades no se centraron en estas pistas, ni en los proveedores locales de la mercancía, sino en los nombres de quienes abastecen a esta cadena con las aeronaves utilizadas para el tráfico. Los investigadores elaboraron varios organigramas de “clanes familiares” que estarían detrás de la operación de las avionetas y conectaron una minuciosa red de relaciones entre las aeronaves observadas por la autoridad en las zonas de trasiego y las personas o empresas relacionadas con sus matrículas.
El informe enlista los números de serie de avionetas que han sido visualizadas o incautadas en el VRAEM, algunas con más de 20 años de funcionamiento, compradas en su mayoría en Estados Unidos e importadas a Sudamérica.
“Son avionetas de segunda que les permiten en algún momento, si hay una pérdida de la aeronave, no tener un costo mayor”, explicó a Univision el general Héctor Loayza, director antidrogas de la Policía Nacional de Perú.
Un 85% de esta droga termina en Europa, según Loayza. De acuerdo con sus informaciones, sacar un kilo de droga del Perú por vía marítima le cuesta a un narcotraficante aproximadamente entre 3,000 y 4,000 dólares, mientras que por el puente aéreo paga alrededor de 2,500 dólares.
“Entonces este es un negocio muy rentable para los traficantes, seguir sacando avionetas”, agregó. Entre el 2013 y el 2015, en Perú fueron confiscadas 159 avionetas. Muchas iban o venían de Bolivia.
Contacto en Florida
Parte del seguimiento de las autoridades, según lo refleja el reporte, ha llegado hasta uno de los compradores de las avionetas, de nacionalidad boliviana y estadounidense con residencia en la Florida: Martín Yerko Rapozo Villavicencio.
Una base de datos pública consultada por Univision refleja que de 30 avionetas compradas por este empresario en Estados Unidos al menos cinco fueron incautadas con droga en Sudamérica.
Una fuente policiaca que solicitó anonimato aceptó que Rapozo es una persona de interés para la investigación pero que hasta ahora no tienen pruebas contundentes de que estuviese directamente involucrado con los cargamentos. El empresario no contestó llamadas ni mensajes de Univision para este reportaje.
Martín Yerko Rapozo Villavicencio es señalado como el “contacto” en Florida, Estados Unidos, para el abastecimiento de las narcoavionetas.
Una base de datos pública consultada por Univision refleja que de 30 avionetas compradas en Estados Unidos por un empresario residente en Florida al menos cinco fueron incautadas con droga en Sudamérica.
“En Estados Unidos es más fácil comprar un avión que un auto”, explicó a Univision en Miami el director de la escuela de pilotos Ícaro, Esteban Saltos.
El empresario sostiene que para la compra de la avioneta solo se requiere una factura de venta (“bill of sale”) donde consta la matrícula, el número de serie de la aeronave y la fecha de venta.
El documento se envía por correo a la Agencia de Administración Aeronáutica de Estados Unidos (FAA) con un pago de cinco a 10 dólares y así se perfecciona la transacción.
Un vendedor de avionetas no está en la obligación de pedir información al comprador o intermediario sobre el destino que se le va a dar al aparato.
“Pero si hay un mismo vendedor que esta dedicado a vender 10, 20 30, 40 aviones a un mismo comprador en un país extranjero y de esos aviones han caído por narcotráfico, y él sabe eso y sigue haciéndolo, lógicamente se convierte en un cómplice”, explicó Saltos.
Entre tanto Bolivia opera como un gigantesco portaaviones desde donde se despacha droga a Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay, de acuerdo con el mapa de rutas del reporte de los servicios de inteligencia, donde figura el VRAEM como el gran centro de abastecimiento.